Los dos principales responsables de la educación en España, el ministro José Ignacio Wert, y la secretaria de Estado de Educación Mercedes Gormendio no han tenido la suficiente finura para tratar de apaciguar los ánimos ante la segunda huelga general convocada por todos los integrantes de la comunidad educativa, padres, alumnos y profesores, y más bien al contrario, sus últimas declaraciones han contribuido a caldear más el ambiente al calificar la huelga como 'política' (el ministro) y por tanto ilegal, o motivada por reclamaciones económicas y laborales (su 'número dos' ), minusvalorando la carga de protesta que tiene contra los recortes y la reforma educativa que supone la LOMCE.
La guerra de cifras propia de este tipo de convocatorias de protesta, y los incidentes de mayor o menor gravedad a la puerta de colegios y universidades, no ocultan que todos los niveles educativos, y tanto en la escuela pública como en la privada, han quedado prácticamente paralizados porque en esta ocasión se han sumado a la protesta hasta los sindicatos de la escuela concertada, y solo una asociación de padres, la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA) se ha quedado fuera de la convocatoria. No se trata por tanto de unas quejas motivadas por las condiciones salariales de los profesores sino de una protesta en toda regla contra los recortes en la inversión educativa que ha supuesto el despido de más de 20.000 profesores ?en Francia se han contratado 60.000- el aumento del número de alumnos en la aulas, el cierre de colegios, la supresión de becas y el aumento de tasas.
Los testimonios de padres que no han podido llevar a sus hijos a las escuelas infantiles públicas por el aumento de las cuotas, de los alumnos que han visto cerrados sus colegios o masificadas sus aulas, los de universitarios que no han podido renovar sus matrículas o los de profesores interinos que han perdido su puesto de trabajo en el que hasta ayer eran necesarios indican que la huelga educativa tiene un carácter político, por social, pero no por los motivos que aduce el ministro Wert, de rebelión ante los representantes de la soberanía popular, al encontrarse la LOMCE todavía en trámite parlamentario en el Senado tras su aprobación en el Congreso exclusivamente con los votos del PP. La mayoría de la oposición se ha comprometido a derogarla cuando haya un cambio de mayorías parlamentarias porque, a lo largo de su debate, el ministro fue incapaz de llegar a acuerdos con las comunidades autónomas que no están gobernadas por su partido, ni con el resto de actores de la comunidad educativa, que han criticado la ley por fomentar las desigualdades, menospreciar la escuela pública y favorecer la privada y por segregar de forma temprana a los alumnos y establecer revalidas cuya eficacia está por demostrar.
El recorte de los gastos en educación en los últimos años de un 30% y el criterio de que menos inversión produce los mismos resultados educativos que una mayor echa por tierra el resto de argumentos a favor de la educación como motor del desarrollo futuro del país.
Las declaraciones ayer mismo de Mercedes Gormendio hacen presagiar que la huelga general en la educación no va a tener ningún efecto sobre las intenciones del Ministerio de Educación mantener la ley y la política educativa en los términos actuales, y por tanto se mantendrán las tensiones sobre la séptima ley educativa de la democracia sin que se resuelvan los problemas existentes, que los hay, porque pesan más los criterios ideológicos que los pedagógicos a la hora de abordar las reformas necesarias.
