Ha sido un asunto que habría de estallar antes o después, y que estos días emerge con toda su crudeza. En los puertos españoles ha habido de todo: desde un gremialismo sindical y corporativo, casi medieval, a toda suerte de abusos, privilegios e incluso el robo organizado o el pago de impuestos en especie para evitarse problemas por parte de los armadores, sobre todo en mercancía, en las descargas pesqueras. El puerto donde más se ha robado ha sido tradicionalmente el de Barcelona, hasta que todo el mundo sabía dónde se pueden comprar toda suerte de objetos procedentes de estas acciones, soportadas casi como inevitables. Y todo ello favorecido por un sistema de privilegios difícilmente compatibles con los usos y normas que rigen en el resto de Europa. Al pretender la inevitable homologación, el conflicto estaba cantado. Las sucesivas regulaciones de los diversos gobiernos nunca resolvieron la cuestión de fondo.
El Consejo de Ministros estaba abocado a la aprobación del Decreto Ley de reforma de la estiba, tras un aplazamiento para ver si por la vía del diálogo entre la patronal y los sindicatos se llegaba a un acuerdo que evitara la huelga. La nueva normativa deberá aplicarse para cumplir una sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2014. El objetivo de la reforma es poner fin al monopolio de la estiba.
Actualmente, el sector está organizado a través de las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP), que engloba la ocupación de 6.150 trabajadores en los 28 puertos de actividad general. La norma vigente en España contravenía artículo 49 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Europa dice que cada armador pueda contratar al personal que desee o emplear sus propios medios para operar en un barco sin tener que recurrir a la SAGEP de modo obligatorio. Los portavoces de la CETM (Confederación Española de Transporte de Mercancías) han señalado diversos efectos negativos de todos los órdenes, tanto económicos, como de condiciones laborales para los afectados. Primero, que las empresas podrán reducir de modo crecientemente escalonado por tercios sus plantilla, precariedad laboral (o un ERE por etapas) y reducción de los salarios.
Es evidente que una huelga en la estiba de los 28 puertos generales de España tendrá enormes repercusiones en el conjunto de la actividad económica, dado que el trasiego comercial de España depende esencialmente del mar.
Un repaso histórico a la organización de la estiba en los puertos españoles permite descubrir usos y costumbres sorprendentes, desde el gremialismo profesional, casi medieval, o el hecho de que los hijos de los estibadores, en buena parte de los casos, heredaran el trabajo de sus padres, a escalas cerradas casi jerárquicas, según la actividad de los estibadores, o a todo tipo de abusos como el cobro suplementario en especie (especialmente en los puertos pesqueros) en la descarga de la flota, cuando no, como repetidamente se ha denunciado, cuestiones más graves como le robo sistematizado en el puerto de Barcelona, en algunos casos con la insólita colaboración de guardias civiles corruptos.
Por Ley 33/2010, de 5 de agosto se crearon las SAGEP. Fue una de las sucesivas reformas del régimen jurídico de los estibadores portuarios, sustituyendo a las Agrupaciones Portuarias de interés Económico y a las Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba. Pero ahora España se enfrenta a un problema de difícil solución.
Lo cierto es que el puerto, los puertos, es un mundo muy peculiar no siempre fácil de entender por el profano. Pero de los privilegios y situaciones que se han venido dando, puede ser expresivo ejemplo esta repetida anécdota. En Vigo, en las collas o grupos de carga y descarga obligados en una operación de transporte de granito (a lo mejor quince o veinte grandes bloques) era obligatorio además de otros estibadores y el “gruista”, contratar a un “listero”; es decir, un estibador con un block que dibujaba un palote por cada bloque cargado. Daba igual que fuera uno que cien.
Curiosamente, los que más van a agradecer que se supriman los monopolios de la estiba van a ser los propios pescadores, que ya podrán ser ellos mismos quienes puedan descargar el fruto de su trabajo al regreso de una campaña en la mar sin problemas, cobrando un suplemento por este trabajo. O eso esperan.
