La ciudadanía y el electorado tienen derecho a saber, –a pesar de los políticos – que mecanismos de supervisión activa la administración publica, (“inspección, actúa solo de oficio y, no convence”) para controlar el destino de las subvenciones oficiales transferidas, del erario, a las empresas de transporte de viajeros por carretera. En ese ámbito hay criterios que siguen pregonando la crisis para prolongar vicios y pisotear derechos, con connivencia del tráfico de influencias y otras artimañas administrativas. Monbús, “corporación oscurantista”, aglutina muchas empresas españolas, (las subvenciones oficiales excitan la avaricia) y gestiona la actividad laboral de miles de conductores que viajan por las carreteras de España y Europa.
En ese entramado empresarial (y otros del mismo ramo) “hurtan” una parte de los emolumentos salariales correspondientes a; días de descanso, horas de conducción, kilometraje, nocturnidad, pernoctaciones y dietas, así como horas de presencia activa que los conductores dedican al autocar, a los viajeros, y ala empresa. La patronal, abrazada al sopor sindical, después de exprimir al máximo a los conductores le paga la otra parte de los emolumentos fuera de nomina, sin duplicar documento, para que estos no puedan reclamar ni denunciar las birladas.
Por cierto. ¿Cuanto paga la Xunta de Galicia, y a quien, por cada azafata del transporte escolar, y por cada conductor del 065?, ¿quién las/os contrata?, ¿en que empresas trabajan?, ¿a que condiciones laborales y económicas tienen que sucumbir?, ¿por qué no se le retribuye íntegramente con el %x% de lo que aporta la Xunta por ellos? La fullería burocrática, el caciquismo político y la deslealtad sindical, encubren la malversación. ¡Vaya paraíso financiero se montan algunos “sin salir de casa”!
Que los altos cargos públicos acepten incentivos marcados por la corrupción, a través de subvenciones, condonaciones, y (…), es indecoroso, intolerable e indignante. Que la política altere su ley por decreto, para abusar de los ciudadanos, es detestable. Que el salario mínimo interprofesional quede fijado en 800 € al mes, retribución que induce a la pobreza, (“enfermedad mortífera”) es una perversión política y sindical que arrolla el estado de bienestar. Que la mayoría de las pensiones suban menos de 3 € al mes, por imperativo irracional, es un grave desprecio a la ercera edad, y a los votantes. Que los obreros y pensionistas tengan que soportar el copago farmacéutico es (…). Pero, que el sueldo de ciertos políticos suba 7.000 € o más, al año, es un sablazo descomunal. En todo caso, éstas son “heridas endémicas” producidas por nuestra democracia, que los sindicatos, –“adormecidos” por a la subvención pública – no quieren exterminar.
