El proyecto deputrans pretendía la instalación de 35 depuradoras en 35 concellos de la cuenca del Miño
El proyecto Deputrans pretendía la instalación de un total de 35 depuradoras en concellos de la cuenca del Miño y contaba con una financiación del 75 por ciento con fondos Feder. Este proyecto ya fue investigado por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, que en el año 2013 advirtió a la institución que existían irregularidades en el suministro de las depuradoras, discrepancias en su localización, irregularidades en la contratación de las asistencias técnicas para la redacción de los proyectos, imputación de gastos de ejecución sin justificar, utilización impropia de procedimientos de urgencia en la licitación de la obra civil y falta de comprobación de la ejecución de las mejoras.
Según subrayó el diputado López Font, “el anterior presidente no sólo ocultó estos errores a los ciudadanos, sino que ocultó toda esta información desde el año 2013”. Igualmente, destacó que en el mes de julio del pasado año 2015, “a pocos días de tomar posesión la nueva corporación”, se tuvieron que elaborar y presentar alegaciones al expediente abierto por el Ministerio de Hacienda, “en un intento de salvaguardar los intereses de la institución”.
En cuanto al otro proyecto investigado, el Depogap, trataba de mejorar los servicios públicos municipales con un modelo tecnológico de gestión de las instalaciones y, según ha recordado Carlos Font, “fue vendido por el señor Rafael Louzán cómo un antes y un después en la forma de gestionar la provincia”.
En la resolución del Ministerio de Hacienda, recibida en la Diputación el pasado día 12 de abril, se indica que se revoca la ayuda FEDER concedida a la institución provincial para Depogap y, por lo tanto, no abonará los 6.155.980,39 euros concedidos en 2011.
Hacienda indica que, de los 8.794.257,70 euros a los que ascendía el presupuesto del proyecto, "únicamente se justificarían correctamente 1.527.982,14 euros". Es decir, para el Ministerio solo se justificó correctamente el 17 por ciento de todo el proyecto Depogap.
En concreto, los técnicos de Hacienda destacaron entre las irregularidades detectadas que existen contratos firmados el 9 de marzo de 2015, con un plazo de ejecución de seis meses, cuando el plazo de ejecución del proyecto finalizaba el 16 de marzo; defectos en las actas de recepción que no permiten acreditar la ejecución del contrato en plazo; o que las actas no permiten convalidar cómo subvencionables los gastos asociados a dos contratos.n
