VIGO

López Veiga señala el precedente de los controladores aéreos en la estiba

 Advierte de que no pueden paralizar la economía y que la huelga se plantea contra una norma comunitaria

Ayer fue un día de trabajo muy importante de la estiba en Guixar, con dos portacontenedores.
Ayer fue un día de trabajo muy importante de la estiba en Guixar, con dos portacontenedores.
López Veiga señala el precedente de los controladores aéreos en la estiba

 El presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga, advirtió ayer de que la huelga convocada en toda España por los estibadores podría suponer la paralización de la economía y señaló que sería algo muy grave. En declaraciones, reconoció que se trata de un paro convocado de forma legal, pero precisó que se plantea contra la modificación del sistema que regula la estiba y que el tribunal de la Unión Europea ha condenado como monopolio que conculca los principios fundamentales comunitarios. En este sentido, López Veiga fue más allá y puso encima de la mesa como ejemplo de actuación la respuesta que dio el Gobierno en 2010 –siendo  Zapatero presidente- a la huelga de los controladores aéreos, que evitó con un decreto de militarización del servicio precisamente por sus consecuencias sobre la economía. El presidente del Puerto vigués insistió en que el Gobierno no tiene otra opción que incluir en la legislación española la directriz de la UE “y además, hace muy bien”, indicó.
Sobre las consecuencias directas para Vigo, señaló que el Puerto no tiene competencia para regular los servicios mínimos y además tal y como se plantea la huelga, no será fácil ordenar el trabajo, e indicó que de momento no le consta llevar la descarga a Portugal –en este diario explicó un consignatario que es una de las posibilidades aunque la decisión final es del cliente- pero admitió que es una opción posible. Con todo, considera que hay tiempo hasta el inicio de la huelga, el día 20 en días y horas alternativas, para ordenar las llegadas de los barcos. 
El precedente del que habló López Veiga se refiere a  diciembre de 2010, cuando los controladores aéreos de toda España amenazaron con no acudir al trabajo. Ante la situación, el Gobierno ordenó la militarización del espacio aéreo y que efectivos del Ejército del Aire tomaran bajo su mando los centros de control de tráfico aéreo y las torres de los principales aeropuertos civiles. El Consejo de Ministros declaró el estado de alarma por quince días, el máximo contemplado por la Constitución, siendo la primera vez en España.

Los sindicatos avisan de que el paro podría alargarse más días

Los sindicatos con representación en el sector de la estiba en Vigo, entre ellos la CIG, confirmaron la convocatoria de tres jornadas de huelga en la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) a nivel estatal para rechazar el decreto ley del Gobierno que liberaliza la actividad de carga y descarga de mercancías en los puertos.  Creen que con este cambio se persigue beneficiar las grandes empresas en detrimento de las condiciones laborales de los trabajadores y avisan con que podrían alargar más días el paro.
CIG, CETM, CCOO, UGT y CGT decidieron promover los paros que se desarrollarán durante las horas impares (desde las 8 horas hasta las 20) los próximos días 20, 22 y 24 para mostrar su rechazo a la liberalización del sector mediante un decreto ley del Ministerio de Fomento. Según aseguran, la reforma supondrá que los actuales contratos indefinidos de los estibadores se transformarán en puestos de trabajo precarios, ya que las empresas podrán sustituir libremente un 25%, 50% y 75% de los planteles durante los próximos tres años. "Quieren acabar con la regulación laboral para hacer de los puertos un nuevo negocio para las grandes compañías, favoreciendo los monopolios en contra del conjunto de la sociedad, cuando los puertos habían debido ser para crear riqueza y no miseria", censuran.
Al mismo tiempo, recuerdan que el decreto ley llega cuando los trabajadores y la patronal se encontraban en el proceso de elaboración de un documento conjunto de reforma de la ley para adaptarla a la sentencia del Tribunal Europeo que establece la liberalización del sector. Este acuerdo previo, contemplaba un plan de reestructuración a siete años, la subrogación del personal o la creación de un registro de estibadores. 
Por el contrario, los sindicatos entienden que la propuesta del Gobierno central supone en la práctica un ERE encubierto. Advirtieron de que en estas condiciones apuestan por la convocatoria de estas tres jornadas de huelga que podrían ampliarse en caso de que no haya acuerdo