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Los juzgados, en situación límite tras un mes de paralización por la huelga

Imagen de la oficina vacía del juzgado de Instrucción 3 de Vigo, donde el seguimiento es total desde que comenzó la huelga.
photo_camera Imagen de la oficina vacía del juzgado de Instrucción 3 de Vigo, donde el seguimiento es total desde que comenzó la huelga.

El alto seguimiento del paro de trabajadores  ha suspendido más de 1.500 juicios y paralizado 1.300 demandas

Los juzgados cumplen hoy un mes de paralización casi absoluta a consecuencia de la huelga indefinida de los trabajadores judiciales por el conflicto laboral con la Xunta. El seguimiento masivo del paro en Vigo, que se mantiene por encima del 85% arroja un balance desolador con más de 1.500 juicios suspendidos hasta la fecha,  1.300 demandas paralizadas y más de un millar de declaraciones aplazadas.
La situación se extiende a todas las jurisdicciones, que continúan funcionando con servicios mínimos (causas urgentes) incluido el juzgado de guardia y el de Violencia de Género. Este último suspendió  cada cinco días 44 declaraciones y juicios civiles, mientras que el juzgado de lo Mercantil acumula alrededor de un millar de escritos paralizados.
Esta situación ha colapsado las agendas, en algunos casos teniendo que  poner los señalamientos aplazados a finales de años, como en uno de los juzgados de lo Social y con una media de retraso de entre dos y seis meses. En otros juzgados, como en Penal 1, se ha dejado un espacio en el mes de abril para  incluir los juicios suspendidos.
Las suspensiones también afectan a las videoconferencias, más de un centenar, mientras que en el Registro Civil se acumulan las inscripciones de defunciones y nacimientos que ya superan en total el medio millar, así como cerca de 80 parejas en lista de espera para contraer matrimonio o poder inscribirse como pareja de hecho.
En el primer mes de huelga, son mayoría de juzgados los que trabajan sólo con servicios mínimos. Un caso es Instrucción 3, con un seguimiento del 100% desde que se inició la huelga. 
La situación comienza a pasar factura al resto de operadores jurídicos que piden una solución.

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