La situación se arrastra por los tres meses de huelga de los funcionarios. Afecta a todo tipo de delitos, en su mayoría leves por tráfico, pero también a los que están penados con 5 años de prisión. El personal pide un plan de recuperación .
La situación que arrastran los juzgados vigueses después de tres meses de huelga por parte de los funcionarios se encuentra al límite, a la espera de la puesta en marcha de un plan de recuperación que debería llegar a partir de septiembre.
La sobrecarga de trabajo es especialmente notable en los juzgados de lo Penal que acumulan en total más de 3.000 sentencias sin ejecutar al encontrarse la mayoría en trámite y algunas todavía sin incoar, tal y como consta en la misiva que desde Alternativas na Xustiza se envió a la dirección xeral para reclamar un plan de actuación. En concreto, uno de los tres órganos penales tenía a día de ayer 1.039 ejecuciones de fallos en trámite de las que 230 estaban aún pendiente de incoar.
Se trata de sentencias sobre delitos cuyas penas máximas no superan los cinco años de prisión y las que se encuentran pendientes no son causas urgentes, la mayoría se refieren entre otros asuntos a condenas de tráfico, por conducción temeraria o alcoholemias.
El personal judicial advierte de que el retraso en el trabajo podría llegar a prescribir algún tipo de pena leve.
“Los cuadros de personal en estos juzgados son reducidos para las cargas de trabajo existentes y deberían contar con un refuerzo debidamente remunerado”, explica el responsable sindical Pablo Valeiras quien recordó lo “sensible” de las materias que abordan estos órganos, como son el tráfico de drogas, violencia sobre la mujer, alcoholemias, entre otras.
Lamenta que la Xunta eliminara las medidas de refuerzo que se habían implantado con el anterior gobierno bipartito, que tras las protestas de los trabajadores, aprobó tres prolongaciones de jornadas para cada juzgado de lo Penal de Vigo, lo que hizo, señala, bajar la pendencia.
