Personal judicial solicita a la Xunta que duplique la plantilla para hacer frente a la carga de trabajo, de un 500%
Con 1.700 demandas en poco más de cuatro meses, el juzgado de refuerzo para cláusulas suelo soporta casi el doble de asuntos de los que tramita al año un órgano de primera Instancia y con la mitad de personal. Esta situación, que ya llevó al juez decano a solicitar a la sala de gobierno un juez de refuerzo y a instar a que el Ministerio de Justicia cree una plaza para letrado de Administración de Justicia, ha llevado también al personal judicial a solicitar a la Xunta “que cumpla con el compromiso adoptado de dotar de más personal cuando fuera necesario”.
Lo solicitaron ayer los representantes de Alternativas na Xustiza, quienes aseguraron que actualmente, este juzgado funciona con tres funcionarios, un gestor, un auxilio y un tramitador, un personal “insuficiente” para una carga de trabajo por trabajador del 500%, explicaron. Así, pidieron la incorporación de cuatro funcionarios más, (un gestor y tres tramitadores). En palabras del portavoz Pablo Valeiras, “el conselleiro de Xustiza debe cumplir su palabra”, mientras recordó que con 1.700 demandas, el juzgado de Vigo “supera muy por encima el módulo establecido por el Consejo General del Poder Judicial que se sitúa en 900”.
La situación, explicaron, amenaza a los miles de afectados de toda la provincia, con un plazo de espera que a día de hoy estaría en un año y medio para los señalamientos. “De las 1.700 demandas, 1.533 han sido aceptadas, 845 proveídas y 200 quedan sin aceptar y sólo hay 300 señalamientos”, afirmó Valeiras, aludiendo a que la agenda está prácticamente cubierta hasta febrero, lo que significa que “para dar salida a la cifra actual podríamos estar hablando de mediados de 2019”.
El problema no sólo radica en el personal judicial, que depende de la Xunta, sino también en que únicamente hay una jueza y una letrada de la Administración de Justicia compartida ya que compatibiliza su labor en el órgano de refuerzo con el de Instancia 14. Esta situación hace que sólo haya dos días para poder firmar los apoderamientos (martes y jueves) y en tramos horarios definidos (de 10 a 12 ). Lo mismo ocurre con los días de audiencias previas y juicios.
Precisamente ayer comenzaron los juicios, tras un mes de audiencias previas y cerca de cuarenta sentencias dictadas hasta la fecha de asuntos que no requirieron vista, si bien por el momento ninguna firma por lo que se desconoce si habrá recursos.
En concreto, durante la mañana de ayer se celebraron cuatro vistas y nueve audiencias previas, en una jornada maratoniana.
La situación ideal sería, tal y como trasladó en su día el juez decano, un nuevo juzgado bis para hacer frente a la acumulación de trabajo. De mantenerse el número medio de demandas, éste alcanzaría las 3.400 a finales de año.
Aunque se esperaba que en el mes de septiembre se reuniera la comisión del Consejo General del Poder Judicial para evaluar el funcionamiento de los juzgados de refuerzo provinciales para las cláusulas suelo, hasta el momento la reunión no ha sido convocada ni aparece a corto plazo definida en la agenda del máximo órgano de los jueces.
La Xunta debe a los abogados de oficio el trabajo de seis meses
Los problemas en el área de Justicia se extienden también a los profesionales de la abogacía. Avogados Novos de Vigo dio ayer a conocer los retrasos en los pagos del turno de oficio por parte de la Xunta de Galicia, que a día de hoy debe seis meses de trabajo a los letrados adscritos al turno de oficio, 683 el año pasado.
Según explicó la presidenta de este colectivo, Victoria Picatoste, “no sólo no se nos actualiza los baremos desde 2003 sino que sufrimos un retraso considerable por el trabajo realizado y sin que la Xunta nos haya dado una explicación”.
La cuantía que un abogado del turno de oficio puede llegar a cobrar, aunque depende del trabajo que tenga que realizar en cada caso, no supera los 300 euros, a pesar de la dificultad que algunos asuntos conllevan.
“Tememos volver a épocas pasadas donde los retrasos en los pagos eran considerables”, afirmó la presidenta de Avogados Novos, quien aseguró que “durante un tiempo hasta nos sentíamos privilegiados respecto a la situación de compañeros de otras comunidades pero ahora todo ha cambiado”.
La asociación resalta que durante el año pasado se tramitaron 28.456 expedientes de justicia gratuita, de los cuales, 6.095 fueron tramitados en Vigo. El retraso en el pago “es sangrante teniendo en cuenta que las retribuciones del turno de oficio son tan exiguas que más que de retribución propiamente dicha, tienen un carácter meramente indemnizatorio para el letrado que, por si no fuera suficiente, tiene que prestar sus servicios con la constante y total incertidumbre de cuándo va a ser indemnizado.
Por su parte, el conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, asegurba ayer, a preguntas de los periodistas en Santiago, que “se va a proceder inmediatamente” al pago correspondiente al segundo trimestre para los abogados del turno de oficio y calificó el retraso de “puntual”. Además, valoró que este año hubo un incremento del 10% en el baremo, y recordó la situación que había antes de que el PP llegara a la Xunta. n
