Considera que no se puede reconvertir en monumento de reconciliación por acuerdo plenario
El juez de lo Contencioso Administrativo número 2 de Vigo acaba de fallar a favor de la Asociación Viguesa pola Memoria Histórica y condena al Concello de Vigo "a que proceda de forma inmediata a adoptar las medidas oportunas para la retirada del elemento arquitectónico denominado Cruz de los Caídos sito en el Monte do Castro de Vigo".
En noviembre de 2011 la asociación interpuso un recurso contencioso administrativo contra un acuerdo del gobierno local que rechazaba su demanda de retirada de la cruz en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.
El juez considera probado “los puntos de conexión entre el monumento y la exaltación de la sublevación militar golpista de 1936, de los vencedores de la Guerra Civil, de la posterior dictadura militar y de sus acciones represivas”. Primero porque la iniciativa de la construcción partió de la Jefatura Local de la Falange de Vigo y que consta acreditado que fue inaugurada por Franco el 14 de septiembre de 1961, segundo porque la finalidad del monumento fue su uso para actos de conmemoración pública de la sublevación militar de 1936, además de señalar que los terrenos son municipales.
El Concello de Vigo adujo que en 1981 la Corporación municipal adoptó un acuerdo por unanimidad por el que se entendió que la Cruz de los Caídos representaba a todos los muertos de la Guerra Civil, tras retirar el sarcófago, dos coronas de laurel en bronce y la inscripción “Caidos por Dios y por España ¡Presentes! 1936-1939”, los escudos preconstitucionales, los emblemas de Falange y los Requetés.
El juez señala que “es un hecho indiscutido que la significación original de la Cruz ubicada en la ladera del Monte do Castro era pura y exclusivamente política, de exaltación de la sublevación militar golpista de 1936, de los vencedores de la Guerra Civil y de la posterior represión".
Además dice que “no puede considerarse reconvertido de forma instantánea en monumento de reconciliación por el simple hecho de que un acuerdo municipal del año 1981 hubiera decidido retirar determinados elementos accesorios de simbología fascista” ni como un símbolo religioso.
El Concello tiene quince días para apelar. n
