Investigan el desvío de 10 millones en el Colegio de Enfermería en Vigo: el presidente, a la cárcel

nnn El Juzgado de Instrucción 2 de Vigo decretó ayer el ingreso en prisión de Carlos Fernández, presidente del Colegio de Enfermería de Pontevedra con sede en la ciudad, su mujer Carmen y su hija Estefanía, investigados por los delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y administración desleal de la entidad.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal les considera presuntos responsables de un supuesto desfalco millonario mediante el desvío de capital del Colegio a un entramado empresarial. La cantidad estimada rondaría los 10 millones de euros, según fuentes de la investigación.

Los agentes recopilaron todo tipo de documentación y archivos informáticos de la sede de la entidad y de la empresa vinculada a uno de los investigados, situada en el mismo bajo de la calle Aragón, además de en la vivienda familiar de Lavadores.

Ayer, los tres detenidos pasaban a primera hora a disposición judicial y se acogían a su derecho a no declarar. El fiscal, a la vista de los hechos, solicitó el ingreso en prisión y el juzgado finalmente determinó esta medida para evitar la posible destrucción de pruebas.

La investigación policial explotó después de que saliera a la luz la deuda de seis millones de euros que arrastraba el Colegio de Enfermería por cuotas impagadas al Consejo General de Enfermería de España y las críticas por parte del secretario de la entidad de supuesto oscurantismo y opaca gestión del presidente, que lleva en el cargo más de 30 años.

La investigación policial implica directamente a la mujer, a quien el propio secretario señalaba como la persona que controlaba todo en la entidad, de la que era trabajadora pero no directiva. La hija también era asesora de la entidad y estaría vinculada al menos a una de las empresas de asesoría relacionadas con el Colegio. Los agentes habrían descubierto un entramado de sociedades a través de la cuales supuestamente habría una conexión directa entre el patrimonio de la entidad colegial y el familiar que se extendería incluso a la propiedad inmobiliaria del local, en alquiler para el Colegio.

El Juzgado de Instrucción 2 de Vigo, que dirige la operación, levantó ayer por la mañana el secreto de las actuaciones, una vez los investigados se encontraban en dependencias judiciales. Ninguno de los abogados quisieron hacer declaraciones a su salida del juzgado y mantuvieron el mismo silencio que los tres investigados ante las preguntas del fiscal y el juez.

Tras una jornada interminable el jueves de registros, ayer, se prolongaba en el juzgado durante toda la mañana. El furgón desde Comisaría llegaba poco antes de las diez y hasta pasadas las tres y media no eran trasladados a A Lama.n