La reciente sentencia del Tribunal Supremo que rechaza el traslado del Casino La Toja a Vigo será acatada por la empresa Cirsa pero no hará que ésta renuncie a sus objetivos de expansión por la provincia de Pontevedra.
El gerente del casino, Braulio Pérez, aseguró ayer que 'nuestro interés sigue siendo el de hacer crecer a este centro y que pueda consolidarse como uno de los mayores en la provincia, de ahí, que, aunque por supuesto, acatamos el fallo del Supremo, seguimos trabajando para buscar nuevas fórmulas que nos permitan llevar a cabo ese objetivo'. El traslado a Vigo, un proyecto por el que la empresa ha estado luchando desde el año 95, no será posible , lo que no le impide a Cirsa tratar de buscar otras formas de poder expandirse en esta ciudad. Pérez aseguró que en esa línea se va a seguir trabajando.
La sentencia del Supremo rechaza el recurso presentado por la empresa propietaria del casino, situado en el Grove, contra la negativa de la Xunta a autorizar el traslado a Vigo. El fallo considera que para que fuera posible esa autorización sería necesario crear un concurso público sin que se pudiera otorgar la licencia sin más a Cirsa o de lo contrario se infringiría la norma autonómica.
La empresa había solicitado dicha autorización hace ahora siete años. La Xunta no sólo la rechazó sino que también tiró por tierra sus alegaciones lo que obligó a Cirsa a acudir a la justicia. Primero fue el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia quien daba la razón a la decisión del gobierno autonómico. El último cartucho, el del Supremo, tampoco le ha beneficiado en un objetivo que se basaba principalmente en la garantía de rentabilidad que significaba un cambio de ubicación a Vigo.
La sentencia del Supremo rechaza el recurso presentado por la empresa propietaria del casino, situado en el Grove, contra la negativa de la Xunta a autorizar el traslado a Vigo. El fallo considera que para que fuera posible esa autorización sería necesario crear un concurso público sin que se pudiera otorgar la licencia sin más a Cirsa o de lo contrario se infringiría la norma autonómica.
La empresa había solicitado dicha autorización hace ahora siete años. La Xunta no sólo la rechazó sino que también tiró por tierra sus alegaciones lo que obligó a Cirsa a acudir a la justicia. Primero fue el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia quien daba la razón a la decisión del gobierno autonómico. El último cartucho, el del Supremo, tampoco le ha beneficiado en un objetivo que se basaba principalmente en la garantía de rentabilidad que significaba un cambio de ubicación a Vigo.
