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Siete años de inhabilitación para el alcalde pedáneo de Bembrive

Roberto Ballesteros, alcalde pedáneo de Bembrive, durante el juicio celebrado en Penal 3 de Vigo.
photo_camera Roberto Ballesteros, alcalde pedáneo de Bembrive, durante el juicio celebrado en Penal 3 de Vigo.

El Juzgado Penal cree que cometió prevaricación al paralizar pagos a vocales del PP

nnn El juzgado de lo Penal 3 de Vigo ha condenado al alcalde pedáneo de la Entiadad Menor de Bembrive, el socialista Roberto Ballesteros, a siete años de inhabilitación al entender que incurrió en un delito de prevaricación tras la resolución de paralizar las indemnizaciones por asistencia a plenos de la junta vecinal de los dos vocales del Partido Popular, tomada en junio de 2013 hasta el mes de agosto.
El fallo incluye como hechos probados que el alcalde pedáneo tomó la decisión “a sabiendas de su injusticia y no obstante ser apercibido por el secretario-interventor de la ausencia de legalidad de su resolución”. Afirma, que “según su personal criterio, dichos vocales no realizaban sus labores de modo leal y responsable, obstruyendo los expedientes mediante alegaciones totalmente infundadas, no presentando apenas mociones y propuestas constructivas”. En agosto, dejó sin efecto su “arbitraria” decisión reintegrando a los vocales las remuneraciones “indebidamente suspendidas”.
Ballesteros aseguró durante el juicio que no suspendió retribuciones sino pagos y que se hizo de forma provisional mientras se estudiaba la forma de modificar dichas retribuciones. A este respecto, el fallo judicial hace referencia al la declaración del interventor en la que asegura que “los vocales tenían derecho a esta retribución o pago por el simple hecho de acudir a la junta, no supeditándose su abono a ningún otro requisito”. De este modo y atendiendo también al propio testimonio de los dos vocales, Benito Pérez y Elena Freire, concluye que la decisión adoptada por el alcalde pedáneo “carece toda justificación”.
Roberto Ballesteros considera que la sentencia no se ajusta a derecho por lo que anunció su intención de recurrir a la Audiencia en apelación. Su defensa asegura  que “en un principio se le imputaba la falta de competencia para dictar la resolución y además por ser arbitraria pero la sentencia reconoce que era competente para dictarla, con lo que no estamos de acuerdo”. 
El alcalde pedáneo aseguró que “ es evidente que es una denuncia política y  llegaré hasta las últimas consecuencias para mi defensa”. Además, insistió en que su compromiso es con los vecinos por lo que anunció que seguirá en el cargo. n
 

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