El presidente de la Confederación Salud Mental España, Nel González Zapico, advirtió de que los tratamientos y los ingresos involuntarios en salud mental suponen “la principal violación de los derechos humanos con amparo legal que hay en España”. En este sentido, recalcó que, actualmente, “existe un desfase entre lo que marca la ley y lo que sucede en los hospitales, en las áreas de Psiquiatría y en las residencias de mayores”.
Así se pronunció durante la presentación del informe “Tratamientos e ingresos involuntarios en salud mental”, en una jornada que contó con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Este documento parte de un análisis de la legislación vigente en España en materia de atención sociosanitaria a la salud mental y, a partir de ahí, constata que todavía se llevan a cabo algunas prácticas, como los ingresos y los tratamientos involuntarios, que “violan los preceptos recogidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas”.
España firmó en 2008 dicha convención, que tiene carácter vinculante para todos los Estados firmantes. Con todo, González Zapico advirtió de que el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil “permite los ingresos y los tratamientos involuntarios”. “Esto debe ser cambiado. Sencillamente por una cuestión de derechos humanos”, señaló.
Así, el objetivo principal de este informe es promover que se eliminen los automatismos en cuanto al tratamiento y abordaje de la salud mental, de manera que las personas puedan decidir cómo quieren ser tratadas en un entorno sanitario, de atención y cuidados. El informe plantea también una serie de medidas transitorias que se pueden poner en práctica hasta que España adapte por completo su ordenamiento jurídico a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Prácticas coercitivas
Uno de los aspectos más polémicos que se aborda en el informe es el de las prácticas coercitivas, entre las que destacan las de contención física, química o mecánica, y que suponen “un trato vejatorio y salvaje”, según recalcan y denuncian desde la Confederación Salud Mental España.
En este sentido, González Zapico recuerda que las contenciones mecánicas están consideradas como un acto de tortura por las Naciones Unidas. “Defendemos que ante la coerción siempre hay alternativa, y que los tratamientos no deben convertirse en procesos de tortura, vejación o castigo a las personas con trastorno mental”.
Por ello, la confederación aboga por un modelo de atención integral psicosocial que tenga entre sus elementos “clave” la creación de equipos multidisciplinares, la inclusión de grupos de pares, el Proyecto de Vida a Plan Personal de Futuro, el Plan de Asistencia Integrado, el Documento de Instrucciones Previas o la designación de personas de confianza.
Tal y como anunció, el próximo paso de este informe es “la incidencia política”. De hecho, avanzó que buscarán el apoyo de los grupos parlamentarios “porque se trata de una iniciativa legislativa que hay que cambiar”.
