Galicia

Los servicios mínimos alejan la solución en el conflicto judicial

Caballero, Bará y Villares posan con los representantes de los funcionarios de Xustiza.
photo_camera Caballero, Bará y Villares posan con los representantes de los funcionarios de Xustiza.

El comité de huelga ve "injustificada" la orden de la Xunta, que dice garantizar el servicio público

 La Xunta aprobó ayer la orden por la que se determinan los servicios mínimos esenciales ante la convocatoria de huelga indefinida en los centros de trabajo de la Administración de Justicia en Galicia a partir del 7 de febrero. Los sindicatos avanzaron que los recurrirán por considerar que "son totalmente injustificados". "Hay juzgados, como por ejemplo en A Fonsagrada o Becerrerá, que tendrían que tener más funcionarios de los que ahora tienen para poder cumplir estos servicios mínimos", aseguró ayer el sindicalista Manuel Díaz, que atendió a los medios en representación de las centrales  SPJ-USO, AXG-CUT, UGT, CSIF, STAJ, CIG y CC.OO tras reunirse con los grupos parlamentarios de En Marea, PSdeG y BNG.
Asimismo, criticó que tampoco "tienen nada que ver" con los servicios mínimos decretados para los anteriores paros realizados los días 1 y 3 de diciembre y el 25 de enero. "Los aumentaron de forma totalmente injustificada", señaló para defender que la "jurisprudencia tanto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) como las sentencias del Tribunal Supremo (TS) no los amparan".

Justificación oficial
Por su parte, la Xunta, que lamenta que los sindicatos rechazasen la propuesta y abandonasen la reunión celebrada este viernes sin ofrecer "ninguna alternativa", justificó la necesidad de estos servicios mínimos en "aras" de "asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la administración de justicia y garantizar su actividad para que la huelga no cause prejuicios a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos". En concreto, en una nota de prensa, el Gobierno gallego expresa que la "necesaria conciliación" entre el ejercicio del derecho constitucional a la huelga y el mantenimiento de los servicios esenciales "obliga" a la Xunta a "fijar unos servicios mínimos indispensables" para "garantizar el servicio público".
Además, precisa que para su aprobación se tuvo en cuenta "la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del TS existente en la materia, así como los distintos procedimientos del TSXG".
Según indica el Gobierno gallego, "deben garantizarse los medios" para los actos necesarios del Regristro Civil; las actuaciones que afecten o puedan afectar a la libertad de las personas tales como las causas con preso; las medidas precautorias o provisionales en materia de familia, violencia sobre la mujer o libertad provisional; asi como las actuaciones sometidas a plazo perentorio o a un plazo cuyo incumplimiento pueda suponer una pérdida de derechos o un perjuicio irreparable en estos.
Y también para que "se puedan realizar en cualquier situación" las cuestiones "declaradas urgentes por las leyes procesales y las actuaciones en los juzgados y fiscalías de guardia y de los servicios de guardia del Imelga".
Estos requisitos mínimos son rechazados por los sindicatos, que inciden en que "conllevan a que haya algún órgano judicial en el que tendría que estar trabajando más gente de la que hay en plantilla". Díaz atendió a los medios acompañado por representantes de todos los partidos de la oposición, como Luís Villares (En Marea), Patricia Vilán y Gonzalo Caballero (PSdeG) y Luís Bará (BNG).

Engaño a la ciudadanía
El sindicalista acusó al conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, de "engañar a la ciudadanía" y de adoptar una actitud de "irresponsabilidad total más propia de un niño pequeño que de un conselleiro". Explicó que los sindicatos tienen cinco reivindicaciones que se tiene que "negociar en su conjunto". Estas peticiones, según ha indicado, pasan por eliminar los descuentos que se le hace en Galicia, a diferencia de en otras comunidades, a los trabajadores por enfermedad transitoria; la cobertura de plazas de refuerzos o una subida salarial.
En este último punto, afirman que Rueda ofrece un incremento "impresentable" de "15 euros al mes por funcionario". "Es totalmente impresentable, son entre 200 y 300 euros por año y Rueda lo está multiplicando por tres, al decir que nos ofrece entre 600 y 900", criticaron. 

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