ESPAÑA

Los jueces piden despenalizar el aborto ante las malformaciones en el feto

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer un informe moderadamente crítico con la reforma del aborto planteada por el Gobierno en el que pide al ejecutivo, entre otros cambios, que no penalice el aborto eugenésico, pero no llega a solicitar la retirada del anteproyecto.

 Así, el órgano de gobierno de los jueces sacó adelante con diez votos a favor, incluido el de su presidente, Carlos Lesmes, el informe basado en la ponencia de la conservadora Carmen Llombart. La ponencia más crítica, que pedía la retirada del anteproyecto, firmada por Pilar Sepúlveda, ha sido apoyada únicamente por ocho vocales.
La Comisión Permanente del CGPJ encargó a las vocales Carmen Llombart (conservadora) y Pilar Sepúlveda (progresista) dos ponencias para servir de base al informe citado y sobre esas ponencias ha girado el pleno. Aunque las ponencias no coincidan en su conjunto y la segunda, la más crítica, no haya logrado imponer sus reproches al anteproyecto, ambas comparten determinados aspectos, de modo que puede decirse que la práctica totalidad de los vocales creen que el ejecutivo debería hacer algunos cambios en su anteproyecto, por ejemplo, la despenalización del aborto eugenésico.
Respecto a este supuesto, el de anomalía fetal incompatible con la vida, el informe definitivo pide que sea legal aunque no se demuestre que esté afectada la salud psíquica de la madre, al entender, en palabras de Llombart, "que en ese caso no existe conflicto entre los derechos de la embarazada y la protección del concebido".
Asimismo, la ponencia definitivamente aprobada por el pleno del órgano de los jueces considera suficiente que los informes médicos exigidos por la reforma antes de la interrupción voluntaria del embarazo sean emitidos por dos médicos distintos del que practique el aborto, sin que sea preciso acudir a un facultativo externo al centro.
El CGPJ aboga además porque la norma garantice que los centros públicos y privados autorizados para la práctica de abortos "dispongan de personal que no ejerza su derecho a la objeción de conciencia".

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