España

El Congreso avala entre críticas exhumar el cadáver de Franco

Adriana Lastra y Carmen Calvo se abrazan en el Congreso tras la aprobación del decreto ley.
photo_camera Adriana Lastra y Carmen Calvo se abrazan en el Congreso tras la aprobación del decreto ley.

Aprueba el decreto ley del PSOE con la abstención de PP y Cs y el "no" por error de dos populares 

El Congreso convalidó ayer el decreto ley que permitirá exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, aunque sin el voto del PP y Cs, que se han abstenido ante una medida que según la vicepresidenta Carmen Calvo permitirá acabar con la "atroz anomalía" del dictador enterrado junto a sus víctimas.
Una vez aceptada la convalidación por 172 votos a favor, 164 abstenciones y dos en contra por error de sendos diputados del PP, esta mayoría ha crecido hasta los 203 diputados que han apoyado tramitar la norma como proyecto de ley para poder incluir enmiendas, algo que ha contado con la conformidad del grupo de Ciudadanos.
Si bien Podemos y las formaciones nacionalistas han dado su sí a la retirada de los restos de Francisco Franco del mausoleo de Cuelgamuros, sus portavoces han considerado insuficiente el decreto y han reclamado incorporar una amplia serie de medidas que siguen la estela de la Ley de Memoria Histórica de 2007. Así, han reclamado la recuperación de víctimas de fosas comunes, la anulación de las sentencias del franquismo, el reconocimiento de los maquis o la desacralización y "resignificación" del Valle de los Caídos, algo que los grupos deberán discutir a partir de ahora.
Con el hispanista Ian Gibson en la tribuna de invitados, junto a algunos familiares de víctimas y representantes de asociaciones en favor de la memoria histórica, la convalidación ha sido celebrada con un aplauso de varios minutos de los 172 diputados del sí.
El debate ha dejado patente la prioridad que el Gobierno del PSOE ha querido dar a este asunto, las exigencias de la izquierda para arrancar más pasos y compromisos al Ejecutivo y la posición crítica de PP y Ciudadanos, duramente atacados por su abstención.

Anomalías de la historia
Al presentar el decreto, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que no habrá "paz sin justicia" y tampoco si se mantiene la "atroz anomalía" del dictador enterrado junto a sus víctimas en un "mausoleo de Estado" donde puede ser exaltado. Ha admitido que el asunto debería haberse resuelto antes y ha considerado "insostenible" el retraso, por lo que ha esgrimido el valor "ético" y "democrático" de una decisión que, según ha apuntado, cuenta con todas las garantías jurídicas y con "respeto" a los restos de Franco, que se llevarán al lugar que designe su familia.
Calvo dijo que PP y Cs han quedado "retratados" porque "es muy difícil ponerse de perfil ante la dictadura", reproche que también han recibido de Podemos y el PSOE, cuya portavoz, Adriana Lastra, les ve "perdidos en un laberinto ideológico" y una "lucha fratricida" para buscar votos de la extrema derecha. Lastra ha admitido que la tramitación permitirá dar un impulso a la Ley de Memoria Histórica, con medidas como la Comisión de la Verdad, la anulación de los tribunales franquistas o la recuperación de los restos de las 115.000 víctimas enterradas en fosas comunes.
Unidos Podemos ha celebrado la decisión del Ejecutivo de exhumar ya los restos de Franco, que, "además de un golpista, un dictador y un asesino, era un ladrón", en palabras de Antón Gómez Reino.
Los nacionalistas vascos tratarán ahora de introducir aspectos "no debidamente resueltos" de la Ley de Memoria Histórica, según dijo su portavoz, Mikel Legarda, mientras por parte del PDeCAT Jordi Xuclà ha subrayado que, además de exhumar al dictador, es preciso abordar la "desfranquización" del Estado.
Desde una posición diferente, PP y Ciudadanos han entendido que no se justifica la aprobación de un decreto ley para un asunto que no es de urgente necesidad, porque Franco lleva enterrado 43 años.
"Ahora nos dice que es de urgente necesidad exhumar a Franco, 43 años después. Un poco de respeto", dijo ayer el diputado del PP Jorge Fernández Díaz; mientras desde Ciudadanos, José Manuel Villegas ha admitido una "anomalía" porque en una democracia no puede haber un monumento que exalta a un dictador, pero ha discrepado del instrumento jurídico elegido.

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