VAL MIÑOR

La controversia de la piscina se cuela en la Mancomunidad

El BNG reclamó la convocatoria de una sesión pública con los usuarios presentes

Los alcaldes del Miñor durante la reinauguración de la piscina, hace apenas unos días, que ha sido controvertida.
Los alcaldes del Miñor durante la reinauguración de la piscina, hace apenas unos días, que ha sido controvertida.
La controversia de la piscina se cuela en la Mancomunidad

La controversia por la reforma de la piscina comarcal de Miñor sigue creciendo y tras las declaraciones del alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, pidiendo soluciones ante las quejas de los usuarios y reclamando que no se pague el mes a Serviocio, la empresa adjudicataria, ahora ha sido el grupo del BNG, que acaba de solicitar al gobierno de la Mancomunidad que convoque con carácter de urgencia a la Comisión de Seguimiento correspondiente a dicha actuación y además una junta-pleno del organismo comarcal. Reclama el Bloque, a través de sus concejales Xavier Fernández y Xosé Marcote, que se invite a todas las personas afectadas a que asistan.
En dicha junta de la Mancomunidad se deberá presentar un informe del supervisor contratado para comprobar la correcta ejecución de las mejoras exigidas, así como el mantenimiento de las instalación, incluida una relación de importes y facturas de las reparaciones y mejoras ejecutadas. Dicho informe lo solicita también el BNG para el estudio por parte de toda la junta de la Mancomunidad. Asimismo, deberían aclararse y depurarse responsabilidades y conocer  por qué los tres alcaldes del Val Miñor acudieron a la Piscina Mancomunada "y no sólo no comprobaron la correcta ejecución de las obras sino que ni siquiera advirtieron a la empresa concesionaria que en las condiciones en que estaba ésta no podrían reabrir en las fechas acordadas". También exige el BNG que se abra un expediente sancionador por faltas muy graves a la empresa concesionaria y que indemnice adecuadamente a las usuarios, no sólo con el abono de un 25% o un 50% de la cuota mensual del mes de septiembre. 
El BNG recordó que había presentado alegaciones al pliego de bases del concurso y en ellas reclamaba un estudio para la gestión pública del servicio, al poder comprobarse que en el régimen de concesión existían  irregularidades que sólo provocaban un peor servicio a los usuarios.