REDONDELA

El alquiler del polígono de Amoedo termina en el juzgado

El alcalde anuncia medidas legales contra la oposición por ir contra el interés de los vecinos

El último pleno aprobó una propuesta de la oposición que según Intervención incumple una sentencia firme.
El último pleno aprobó una propuesta de la oposición que según Intervención incumple una sentencia firme.
El alquiler del polígono de Amoedo termina en el juzgado

El conflicto sobre el polígono de Amoedo parece que todavía está lejos de encontrar solución. En un corto periodo de tiempo, el Ayuntamiento celebró el segundo pleno con este suelo industrial como principal punto del día. En el último, celebrado el lunes, los grupos de la oposición aprobaron impulsar el preacuerdo alcanzado con la Comunidad de Montes de Amoedo para que ésta recibiera el alquiler de las naves. El alcalde de Pazos de Borbén, Andrés Iglesias,  anunció ya medidas legales contra estos ediles “por impulsar acuerdos contrarios al interés de sus vecinos y del patrimonio público”. En la actualidad el dinero procedente de los alquileres redundan en las arcas municipales tras una sentencia en la que se recoge que se mantenga esta situación mientras que la mancomunidad no pague la deuda contraída con el Concello, quien además deberá costear los gastos derivados de la actividad en esta zona. Por su parte, la propuesta que presentó y aprobó la  oposición, con mayoría en la corporación, proponía que el Ayuntamiento renuncie al derecho de retención de beneficios en favor de la mancomunidad.  
Al comienzo de la sesión plenaria Intervención informó por segunda vez sobre este acuerdo advirtiendo que la sentencia existente sobre el uso y propiedad del polígono deja claro que hasta que la comunidad de montes no pague la indemnización que adeuda al Ayuntamiento, ese terreno es responsabilidad municipal, incluyendo los gastos e ingresos que ocasiona, y recordó lo estipulado en el informe de la Diputación y el suyo propio, donde se recordaba que, según la ley, “las administraciones locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos” de los vecinos. 

Informes negativos
De esta manera, durante el pleno, los propios grupos de la oposición retiraron varios puntos recogidos en el acuerdo atendiendo a los duros informes negativos procedentes de la intervención municipal y la Diputación de Pontevedra. “Retiraron dos de los tres puntos, porque eran escandalosamente ilegales, pero el resto del acuerdo sigue siendo un atentado contra las arcas municipales”, destacó el alcalde.  “Con este acuerdo, la oposición quiere que renunciemos a los ingresos que el polígono genera y dárselos a la comunidad de montes para que puedan pagar la deuda que tienen con el Ayuntamiento, con el dinero que el juez dijo que es del Concello, o lo que es lo mismo,  dinero de todos los vecinos de Pazos de Borbén. Eso es ilegal”, explicó Iglesias.
El regidor resumió el conflicto de la siguiente manera. “Yo tengo una casa en ruinas y tú me la arreglas. Como no te pago, el juez dice que hasta que no lo haga, esa casa, con todos sus gastos e ingresos, es como si fuera tuya. Si la alquilas el dinero es para ti. Si yo ahora voy a decirte que me des el dinero del alquiler para pagarte lo que te debo, como es lógico tú me dirás que no, que el juez dijo que ese dinero es tuyo y que no te puedo pagar la deuda con tu propio dinero. Eso es lo que quieren ellos, que los vecinos renuncien al dinero procedente del alquiler del polígono durante los años que la comunidad de montes necesite para pagarle a los vecinos con el dinero que el juez dijo que es del Ayuntamiento, lo que significa que es dinero público, de todos”, indicó el alcalde.  

"El acuerdo plenario deberá ser revisado"

n n n El proceso legal continuará ahora con la revisión del acuerdo plenario por parte de diversos organismos que deberán pronunciarse sobre el mismo. “Tenemos que esperar para ver si la Xunta, el Estado o el Tribunal de Cuentas actúan de oficio y revocan el acuerdo plenario. Si no lo hacen, lo haremos nosotros. Si es necesario volver a los tribunales para defender los intereses de todos los vecinos, lo haremos”, aseguró el alcalde. 
Del mismo modo, el alcalde acusó al portavoz de la oposición, Luciano Otero, de engañar a los vecinos. “Quieren vender esto como un logro y ni siquiera aprobaron el acuerdo. Lo que aprobaron fue remitir el documento a un juez civil para juzgar lo que ya está juzgado, retrasando así la resolución que demuestre su propia incapacidad”, explicó Iglesias aludiendo al informe de Intervención en el que se alertaba de que “habiendo ya una sentencia firme y clara, otro juez civil no tiene competencia para resolver una cuestión administrativa”. En su opinión, esta maniobra política no hace más que reafirmar “la mala fe con que actuaron. Como saben que lo que hacen está mal y que todo el mundo les dice que no puede ser, ahora quieren desviar el tema a la vía administrativa para esconder sus propios errores y que cuando les vuelvan a decir que esto es ilegal, ya hayan pasado las elecciones”, concluyó Iglesias. n