Las Zonas de Bajas Emisiones de Vigo reciben el visto bueno definitivo

El pleno del Concello aprobó de forma definitiva la ordenanza que regulará la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE), con los únicos votos favorables del PSOE y el rechazo de PP y BNG. El portavoz del gobierno local, Carlos López Font, defendió la "fortaleza y consistencia jurídica" del texto y subrayó que el objetivo de la norma es que "nadie se vea obligado a cambiar de vehículo". El edil explicó que durante el periodo de información pública se presentaron siete alegaciones, agrupadas en cinco, todas ellas desestimadas por cuestiones competenciales o por considerar que ya estaban contempladas en la propia ordenanza, y aseguró que ninguna cuestionaba el espíritu de la regulación.

La oposición mantuvo sus críticas. El PP sostuvo que la medida no mejorará la calidad del aire, que carece de alternativas suficientes de transporte público y que acabará perjudicando a los ciudadanos con menos recursos, mientras que el BNG calificó la ordenanza de "gran equivocación" al entender que es socialmente injusta, ineficaz desde el punto de vista ambiental y que solo desplazará el tráfico a otras calles.

Aunque la aprobación definitiva ya es firme, la ordenanza no entrará en vigor de inmediato, ya que antes deberá publicarse oficialmente y abrirse el plazo previsto para la tramitación de las autorizaciones de acceso.

Empresa Municipal de Vivienda

El pleno del Concello también dio el visto bueno inicial a la memoria justificativa para crear la Empresa Municipal de Vivienda, íntegramente pública y con forma de sociedad anónima. La propuesta, aprobada con los votos del PSOE y la abstención de PP y BNG, prevé ampliar el parque municipal de 45 a 250 viviendas en los próximos cinco años, gestionar promociones como la del Parque Central y Esturáns y movilizar viviendas vacías para alquiler asequible. La concejala de Urbanismo, María José Caride, defendió que la sociedad permitirá una gestión "más ágil, eficiente y viable", con un capital inicial de 8,6 millones de euros que, junto a activos municipales y financiación pública, aspira a movilizar más de 31 millones. El alcalde Abel Caballero justificó la iniciativa por la "ausencia total" de políticas de vivienda de la Xunta en Vigo desde 2009.

La oposición coincidió en la necesidad de dotar a Vigo de una Empresa Municipal de Vivienda, aunque cuestionó el proyecto presentado por el gobierno local. El PP reprochó los retrasos acumulados en promociones como Esturáns y consideró insuficiente la dotación económica prevista, defendiendo destinar parte de los remanentes municipales en lugar de recurrir al endeudamiento. Por su parte, el BNG advirtió de que el nuevo ente no debe convertirse en una "cáscara vacía" y reclamó mayores compromisos para garantizar una política pública de vivienda efectiva.

En la misma sesión, el pleno aprobó definitivamente la nueva ordenanza reguladora de las licencias urbanísticas, con los votos favorables de PSOE y PP y el rechazo del BNG. El gobierno municipal sostuvo que la reforma permitirá agilizar la tramitación adaptándola a la legislación vigente, mientras que los nacionalistas alertaron de un posible debilitamiento de los controles urbanísticos.