La Xunta da un mes al Concello para ampliar el cauce del Lagares

La conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, Ethel Vázquez, se dirigió por escrito al alcalde, Abel Caballero para solicitar la conformidad del Concello de Vigo al plan de la Xunta para invertir 6,8 millones de euros del Gobierno autonómico en la prevención del riesgo de desbordamientos en el área fluvial del río Lagares en la ciudad, dando un plazo de un mes para su respuesta.

En la carta, la conselleira recordó que el entorno del Lagares es una de las zonas pluviales de Galicia con mayor riesgo de inundaciones y que, para hacerle frente a esta situación y paliar sus consecuencias, la Xunta ha elaborado un plan que contiene un programa de actuaciones para minimizar el riesgo de inundaciones, pero que esas inversiones solo se podrán ejecutar si el Concello de Vigo acepta la colaboración con la Xunta.

El plan para prevenir el riesgo de desborde del río Lagares fue elaborado por la administración autonómica en colaboración con los técnicos municipales y con personal de Protección Civil de Vigo, y contiene obras para mejorar el espacio fluvial de este río en distintos ámbitos y la creación de áreas de inundación controladas.

Entre otras actuaciones, la propuesta de acuerdo remitida por la Xunta al Concello de Vigo prevé la inversión de 1,6 millones de euros en la ampliación del cauce del Lagares a su paso por el polígono de Caramuxo.

La titular de Infraestructuras de la Xunta apunta que las inundaciones son recurrentes en Vigo y que estos episodios no solo afectan al territorio, si no también a la actividad económica e incluso la seguridad de las personas, por lo que considera "un deber imprescindible" tratar de evitar estos sucesos.

En su carta, la conselleira señala que las actuaciones en lechos públicos situados en zonas urbanas son una responsabilidad municipal, de acuerdo con lo establecido en el plan hidrológico nacional, al ser los ayuntamientos los competentes en la ordenación del territorio y en el urbanismo. Vázquez salientó que espera la respuesta del Concello de Vigo, que deberá responder en el plazo de un mes.