Vigo registra al mes un desahucio “problemático” con presencia policial

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Las demandas contra “okupas” se incrementan ligeramente aunque apenas suponen un 10% de los desalojos

a.j.pastor. vigo

Publicado: 07 dic 2018 - 01:00 Actualizado: 08 dic 2018 - 04:52

Imágenes de la Policía, durante su intervención en un desalojo de un edificio ocupado en la calle Barcelona.
Imágenes de la Policía, durante su intervención en un desalojo de un edificio ocupado en la calle Barcelona.

El número de desahucios ejecutados en la ciudad se mantiene al nivel de los últimos años, según las estimaciones de la Oficina de Notificaciones y Embargos, a la espera de las estadísticas finales del año 2018. La tendencia es similar a 2017, cuando se tramitaron 527 órdenes de desalojo, la gran mayoría de locales, garajes o establecimientos y alquileres. Pese a que siguen ejecutándose lanzamientos, la norma general es que éstos se lleven a cabo sin incidencias, confirman desde dicho servicio y sólo en un porcentaje mínimo se requiere la presencia policial. En concreto, se estima que una vez al mes aproximadamente, la comisión judicial acude al inmueble objeto de desalojo acompañado de la Policía Nacional, en previsión de que pueda ocurrir algún incidente con el inquilino, ya sea de vivienda o local, sin que hasta el momento haya sido necesaria su intervención.

Se trata, explican, de contadas ocasiones (apenas una docena al año) en las que las personas afectadas han dado muestras previas de conductas agresivas provocadas, como en el caso más reciente ocurrido en San Miguel de Oia, por la ingesta excesiva de alcohol, consumo de drogas o por situarse en un ambiente delincuencial conocido por las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado.

No obstante, la experiencia de la comisión judicial es que una vez se procede al lanzamiento, el lugar ya ha sido desalojado sin que se registren episodios de resistencia o enfrentamiento.

Algunas de estas situaciones están relacionadas directamente con las llamadas ‘okupaciones’. El número de demandas de desahucio en estos casos se ha incrementado respecto a otros años, aseguran en la oficina, pero muy ligeramente, y suponen poco menos del 10% de todos los lanzamientos que se ejecutan en la ciudad.

Los inquilinos que acceden por la fuerza a inmuebles deshabitados suelen hacerlo en viviendas muy deterioradas de propietarios desconocidos o que residen fuera de la ciudad así como en pisos que pertenecen a entidades bancarias, de ahí que sean escasas, apenas unas cuatro o cinco al mes, las demandas para poder desalojar a personas que se han introducido en un inmueble sin permiso. La semana pasada, la Policía acompañó a la comisión judicial a uno de estos desalojos en una vivienda de la calle Pirucha. Los inquilinos ya habían pasado por otros inmuebles, confirmaron fuentes policiales, que tenían identificadas a estas personas calificadas de “problemáticas”. Al llegar al inmueble, éste había sido desalojado pero en su interior, la comisión judicial encontró varias cajas de zapatos con plantas supuestamente de marihuana así como piezas de vehículos supuestamente robadas.

La Policía informó al juzgado y solicitó una orden, sin embargo, no fue necesario ya que la plantas encontradas todavía estaban en fase inicial de crecimiento y eran escasas. El mes pasado, la Policía también encontró marihuana en un chalé ocupado en Pi y Margall, donde los agentes acudieron por un aviso de supuesto maltrato.

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