Vigo necesitaría 8 meses para saldar los litigios laborales pendientes
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La saturación de los juzgados de lo Social se aliviará con el nuevo ya que les reducirá un 17% la carga que asume cada uno. Vigo asume el 67% de los conflictos laborales de la provincia: a principio de año se llegó a casi 3.400 litigios pendientes de resolver.
La aprobación definitiva del juzgado de lo Social número 6 de Vigo supondrá un alivio para asumir la elevada carga de trabajo a la que anualmente hacen frente estos órganos. El propio Consejo General del Poder Judicial, atendiendo al balance anual de 2018, fija en ocho meses el tiempo que haría falta para que pudieran saldarse las causas laborales pendientes en Vigo, eso sí siempre y cuando durante en ese periodo no se presentaran nuevas demandas y se trabajara al mismo ritmo que el registrado en ese ejercicio. Lo señala en su último informe estadístico en el que sitúa el cociente entre los litigios en cola y los resueltos, es decir la tasa de pendencia, en un 0,72, un 39,4% más que el año anterior.
Los malos resultados del año pasado atienden en buena parte a las demoledoras consecuencias de la larga huelga de funcionarios que dañaron especialmente a aquellas jurisdicciones con mayor carga de trabajo, como la laboral. A pesar del incremento en el número de casos por resolver, que llegaron a los 3.391 al iniciar 2019, la tasa de resolución se situó en 0,86, un índice muy razonable teniendo en cuenta que superar el 1 significa que se resuelve más de lo que se ingresa. El refuerzo con el que cuentan estos juzgados, a la espera del nuevo órgano explicaría que no se haya llegado al colapso.
El principal problema es que los litigios relacionados con los trabajadores suponen un importante volumen de asuntos en los juzgados. Sólo los de Vigo asumen el 66,6% de todos los generados en la provincia. La carga asumida está por encima del 150%, según los datos de la comisión mixta, y contar con un nuevo juzgado era imprescindible.
La intención de Vigo es continuar con el refuerzo de forma simultánea a la puesta en funcionamiento del número 6, cuya fecha todavía está pendiente del CGPJ, pero que se prevé en los próximos meses.
Con el nuevo juzgado, la carga que tendrá que asumir cada uno de los órganos de esta jurisdicción se reduciría en un 17% bajando de los 1.100 de media anual a unos 920.
Aún así, las cifras seguirán estando por encima de los modulos que el Poder Judicial estima oportunos para el correcto funcionamiento de esta jurisdicción y que se situarían en unos 800 por órgano.
En los dos últimos años, la cifra de asuntos ingresados se ha situado en los 5.500, siendo algo más baja en 2017, mientras que las causas pendientes pasaron de las 2.778 al finalizar ese año a las 3.391 a enero de 2019.
La creación de este juzgado era una reivindicación histórica de la ciudad por parte de todos los operadores jurídicos. No sólo los jueces, sino abogados, procuradores y los propios afectados se habían unido a una petición que contaba con el aval del Tribunal Superior de Xustiza y el CGPJ y que el Gobierno ha dado luz verde.n
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