Víctimas de la red guatemalteca declaran sentirse como esclavas

Víctimas de la presunta red de trata de inmigración ilegal de ciudadanos guatemaltecos, desarticulada por la Policía de Vigo el pasado mes de febrero, ratificaron ayer ante el juzgado de Instrucción número 5 que las personas que las trasladaron a España le exigían dinero por adelantado y por la carta de presentación. Según su testimonio, se veían a trabajar como empleadas de hogar o cuidando a personas mayores en jornadas maratonianas para poder hacer frente a la deuda contraída con la presunta organización.

La red, según la Policía, se encargaba de introducir en España a personas de Guatemala mediante cartas de invitación por las que cobraban unos 1.300 euros además de otros 3.000 por anticipado para los trámites. Igualmente, les prestaban 600 euros para no levantar sospechas en el puesto fronterizo que nada más aterrizar en España le eran arrebatados.

Las mujeres declararon sentirse esclavizadas laboralmente en un trabajo irregular, sin concreto, y obligadas a trabajar durante horas para cobrar un sueldo mínimo con el que hacer frente por una parte a la deuda y por otra al envío de dinero a su familia.

La jornada de declaraciones, que ayer se prolongó durante toda la mañana, fue especialmente tensa y dolorosa para algunas de las seis testigos protegidas que tenían que ofrecer su versión en el juzgado. Una de las jóvenes, empleada de hogar, tuvo que ser atendida por una ambulancia asistencial en los juzgados, después de sufrir un desmayo por un ataque de ansiedad.

Las víctimas, que podrían acercarse a la veintena, están amparadas por la asociación Faraxa que se ha personado como acusación popular.

Según el testimonio que las propias afectadas, todas de nacionalidad guatemalteca, habrían ofrecido a las autoridades, la organización estaba consolidada en Vigo desde hace años por lo que el número de afectados podría ser mucho mayor. También citaron a una religiosa como encargada de conseguirles los trabajos.

En la operación fueron detenidos los cuatro presuntos cabecillas, miembros de una familia y que quedaron libres pero investigados, junto a otras 21 personas, por un presunto delito de favorecimiento de inmigración irregular.