Más de veinte mujeres, ‘fichadas’ en Vigo por posible trata o explotación

Las redes de trata y explotación sexual de mujeres siguen activas a pesar de los golpes policiales y judiciales. En Vigo y su área, en la actualidad, los juzgados mantienen en investigación hasta cinco causas, con 24 mujeres como posibles víctimas, todas ellas de nacionalidad extranjera, liberadas en pisos, chalés y clubes de alterne y la mayoría, testigos protegidos.

Sin embargo, la cifra se queda muy pequeña en la actualidad, debido a que los proxenetas han mudado para esquivar el cerco de las autoridades. Así lo asegura la abogada y presidenta de Faraxa, Ana García Costas, que lleva 22 años asesorando a víctimas. “Ahora ya no necesitan trasladar a las mujeres de otros países, sino que se hace a través de plataformas, que se aprovechan sobre todo de mujeres muy jóvenes, y cuyos beneficios están en paraísos fiscales”, asegura.

Este tipo de nueva explotación tiene un gran riesgo, “porque se capta a las víctimas con un modo de actuar que normalizan y que consideran que no es prostitución, como tener un sugardaddy o enviar fotos”, señala mientras advierte de la tendencia a normalizar este tipo de situaciones, cada vez más extendida.

“Son estas plataformas los que realmente obtienen beneficios y dar con quien está detrás es muy complejo”, advierte la letrada.

Las causas que siguen en investigación judicial, algunas demorándose por más de tres años, destaparon situaciones en las que las mujeres se veían obligadas a comerciar con su cuerpo para saldar una deuda con presuntas organizaciones. La situación ha cambiado. “Por una parte están las más jóvenes que ven la plataforma como una forma de pagar sus caprichos y por otra, las mujeres especialmente vulnerables, como inmigrantes, sin recursos y sin opciones. En estos casos los proxenetas también han mudado, utilizando canales como el WhatsApp para hacer de intermediarios con los clientes, en lugar de alquilar habitaciones y evitar así inspecciones”, señala.

Según la última memoria del Ministerio de Interior, en los últimos cuatro años, el número de detenidos en toda la comunidad por trata sexual se redujo en más de un 50%, siendo mayoritariamente de nacionalidad española, al contrario que las víctimas, procedentes principalmente de Colombia, Venezuela o Paraguay.

Hace justo un año, uno de los tres operativos más importantes llevados a cabo contra presuntas redes en Vigo, se resolvía con un acuerdo de mínimos de dos años de prisión para una ‘madame’ por un delito de explotación de la prostitución en situación de vulnerabilidad y con imposición de condiciones abusivas y desproporcionadas, además de una multa de 180 euros por favorecimiento de la estancia ilegal con ánimo de lucro.

La mujer se ocupaba de traer a la ciudad a una de las víctimas, de la que abusó de su situación de necesidad económica, al estar irregular y sin arraigo, manteniéndola en el ejercicio de la prostitución, con condiciones abusivas de horarios (24 horas), sin descanso, bajo presiones e incitándola a que vendiera droga al cliente y de paso a consumirla ella también para poder aguantar los servicios de larga duración. Todo ello en condiciones de habitabilidad indignas, compartiendo cama y sin luz ni ventilación.

La dificultad de estos procedimientos, que se sustentan principalmente en las declaraciones de las víctimas, hace que muchas veces se resuelvan sin juicio, con acuerdos de penas menores. A este respecto, García Costas incide en que “como cualquier delito contra las mujeres se ha agrandado la complicación para conseguir una condena, porque su credibilidad es muy moldeable, por eso siempre es mejor una pena, aunque sea menor, que nada, y además no es inocua de cara a una próxima ocasión”.