La UVigo, obligada a revisar el salario de 620 investigadores

La Universidad de Vigo acometerá en los próximos meses la regularización salarial de unas 620 personas que entre 2021 y 2025 estaban contratadas como investigadores predoctorales, posdoctorales o con cargo a proyectos de investigación. Se trata de la ejecución de una sentencia de la sala de lo Social del Tribunal Supremo que data del 12 de noviembre de 2025 estimando otra sentencia del TSXG de octubre de 2023 que declaró contraria a derecho la decisión de la institución de no abonar los incrementos retributivos aprobados en 2022 para funcionarios en sendos decretos ley a estos investigadores.

Algunos de los afectados ya no siguen contratados por la UVigo, pero otros muchos sí que continúan vinculados a la institución educativa, pero todos ellos tienen, al menos, pendiente una revalorización de su salario durante ese período. La gerencia publicó recientemente una instrucción detallando estas subidas: para el año 2022, un 3,5% sobre el salario de 2021; otro 3,5% sobre el sueldo de 2022 para los que estaban contratados en 2023; un 2,5% sobre las retribuciones de 2024 para los contratados en 2025; y un 1,5% sobre los sueldos de 2025 para los que tienen contrato en 2026.

El abono de los retrasos y la revalorización de las nóminas, de acuerdo con la instrucción anteriormente mencionada, se está haciendo de forma progresiva desde el pasado mes de septiembre para los afectados que continúan contratados por la Universidad. Por la contra, los que ya no tienen contrato con la UVigo deberán entregar una solicitud que la institución revisará, comenzando a abonar los retrasos correspondientes a partir de enero de 2027.

Este conflicto colectivo, ahora resuelto tras la sentencia del Supremo, se inició a raíz de una demanda de la CIG en enero de 2023 solicitando al rector la aplicación de las subidas salariales de los decretos ley. La UVigo decidió, en mitad del proceso, reconocer y abonar estos retrasos a los investigadores predoctorales –y no a los otros dos colectivos–, mientras se amparaba en que las leyes de presupuestos de Galicia para 2022 y 2023 impedían aplicar a este personal docente e investigador los mismos incrementos que al resto de su personal laboral. El tribunal optó por confirmar íntegramente la anterior sentencia al no encontrar suficientemente razonados los argumentos expuestos por la UVigo en el recurso de casación.