El TSXG apercibe al Concello sobre la demolición del Eroski

El Tribunal de Galicia instó al Concello de Ponteareas a demoler de inmediato el hipermercado Eroski, aunque resulta improbable que vaya a ocurrir. Este apercibimiento no es nuevo sino uno más de los ya recibidos en el Concello. Un asunto sobre el que ayer, informaba el gobierno municipal de Ponteareas -BNG-PSOE-, por medio de una nota de prensa en la que hacía constar que el TSX requirió a demoler o hipermercado situado en Angoare en el plazo máximo de un año e instando al goberno Local a iniciar los trámites en el plazo máximo de un mes y a que mantenga informado al alto tribunal, trimestralmente, de las actuaciones que se lleven a cabo. "No caso de incumprimento das instrucións dadas, os funcionarios responsabeis ou o propio alcalde poderían ser sancionados economicamente", advierte.

Este mismo requerimiento lo recibió el anterior gobierno municipal, que buscó una solución de urgencia, pidió aplazamientos y concluyó por redactar un 'Plan parcial' con detalle de la estructura comercial, que ya entonces iba aparejado al PGOM. Redacción cuyo coste sufragó la propia empresa afectada, Eroski, y no el Concello.

Es más, y así lo indica el bigobierno actual liderado por el nacionalista, Xosé Represas: "O Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado recentemente polo Pleno e pendente de aprobación definitiva posibilita a legalización da obra". Y recuerdan que existen en Ponteareas, en zonas como el polígono de A Lomba, otras instalaciones comerciales e industriales so "sobre as que pesan tamén ordes administrativas e xudiciais de demolición que só se poderán evitar a través da aprobación do PXOM".

El alcalde Represas y la concejala socialista, Chus Garrote, mostraban ayer su preocupación ante este nuevo requerimiento del TSXG. Y reclaman a la Xunta de Galicia “celeridade na aprobación definitiva do PXOM para dar canto antes seguridade xurídica ás actividades industriais e comerciais. Só co novo PXOM poderemos evitar os graves prexuízos económicos que para a facenda municipal conlevarían as demolicións derivadas dos acordos ilegais que tomaron outros gobernos no seu momento”.