Una treintena de condenados pidieron el indulto en un año: el fiscal se opuso en el 90% de casos

Los últimos datos del Ministerio de Interior, correspondientes a 2023, reflejan un descenso en el número de solicitudes de indulto de personas condenadas y también en las concesiones de esta medida de gracia. En Vigo, en los últimos doce años solo se concedieron 21 y todos ellos parciales, es decir no se exoneró al penado pero sí se le conmutó la condena por otra que no requiriera el ingreso en prisión y, siempre, de forma condicionada a no volver a delinquir durante un periodo o a que abone la responsabilidad civil, algo parecido a lo que viene ocurriendo con las suspensiones de penas.

Pese a los escasos indultos concedidos, sigue habiendo peticiones por parte de quienes tienen una sentencia firme que deben cumplir, si bien es un porcentaje muy pequeño teniendo en cuenta el número de condenas anuales, que solo entre los juzgados penales y la Audiencia superan el millar. La memoria de la Fiscalía provincial de 2024 recoge que el año anterior en Vigo se registraron 31 indultos y casi la mitad procedentes de causas juzgadas por la sección quinta de la Audiencia (un total de 14), mientras que el resto eran de los juzgados de lo Penal y también del Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

El procedimiento requiere de un informe del tribunal (que no es vinculante) previo traslado a la Fiscalía, que se opuso a la concesión de esta medida en todos los casos excepto en cinco, porque en ese momento los expedientes todavía estaban en trámite.

La cifra de los registrados en Pontevedra, curiosamente fue similar, aunque solo dos procedían de la Audiencia, la sección cuarta y solo se se realizó un informe a favor de un indulto parcial para un condenado por delitos contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil.

El último concedido en Vigo, publicado en el BOE, fue de abril de 2022. Un hombre condenado por el Juzgado de lo Penal 2 de Vigo como autor de un delito de lesiones a la pena de dos años y tres meses de prisión por hechos cometidos en 2016. El Ministerio de Justicia, teniendo en cuenta los informes del tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal y de acuerdo con la información que obra en el expediente, entendió que “concurren razones de justicia y equidad”. De ahí, que se le conmutara la pena privativa de libertad por otra de dos años de prisión, a condición de que no vuelva a cometer un delito doloso en el plazo de tres años, lo que implica evitar el ingreso.

Los jurados populares, contra medidas de gracia en crímenes

La Ley recoge que los “reos de toda clase de delitos” pueden acogerse a un indulto, (que no tiene por qué ser solicitado por el propio afectado) si bien la mayoría de las solicitudes que parten de Vigo se refieren a delitos de drogas, robos o lesiones, aunque los hay de otra índole como el de prevaricación o por fraude fiscal.

En las causas más graves, las que tienen que ver con delitos de sangre, la posibilidad de contar con una medida de gracia llega ya impedida por el propio jurado popular. Los miembros del jurado que en Vigo redactaron veredictos por asesinato se mostraron siempre de forma unánime contrarios a que los acusados pudieran verse beneficiados en algún momento por el perdón ni total ni parcial.

De hecho, la opción del indulto es una de las cuestiones a las que el tribunal popular debe contestar en un veredicto y, hasta la fecha, ha sido desestimada. Los nueve miembros se mostraron, por ejemplo, en contra de esta posibilidad en casos que acabaron con condenas en su mayoría de más de veinte años, como el crimen machista de López Neira o el del conocido como ‘pistolero’ de Chapela. Más recientemente, fue el propio jurado el que también, por unanimidad, se mostró disconforme con que el autor del crimen del profesor Benito Torreiro , condenado a once años de cárcel, pudiera optar a una medida de gracia.

La lucha social en favor de David Reboredo

El pasado 1 de diciembre fallecía en Vigo, Edumundo Reboredo, a los 93 años. Este hombre encabezó uno de los movimientos sociales más importantes para conseguir que la legislación cambiara y evitara que los drogodependientes fueran condenados como traficantes. Logró, gracias a la presión viguesa y al apoyo de colectivos como Os Ningués, que a su hijo David le concedieran el indulto. Había sido condenado, a siete años de prisión por el intercambio de dos papelinas de droga en 2006 y 2009, algo que hacía para poder pagar sus dosis, y el cumplimiento de la pena le llegó cuando ya estaba rehabilitado. El movimiento fue tal que superó las fronteras de Vigo. Eso no impidió que David tuviera que ingresar en prisión en 2012, pero consiguió un indulto que le conmutó el tiempo de prisión que le restaba por trabajos comunitarios. Falleció en 2014 solo unos meses después de la libertad.