La trama de venta ilegal de pescado en O Berbés se concreta en 13 investigados

El juzgado de Instrucción número 4 de Vigo trasladó ayer la imputación general de la causa abierta tras la denominada ‘Operación Govi’ de presunta descarga y venta ilegal de pescado en O Berbés a las personas investigadas. De los 32 inicialmente bajo sospecha, la investigación judicial se centra en 13 y lo hace por presunto cohecho y revelación de secretos al descubrirse supuestos chivatazos de policías portuarios a cambio de regalos.

El procedimiento seguido ayer se incluye dentro de la Ley del Jurado en la que ha sido transformada dicha causa. Entre los 13 investigados que acudieron ayer a la vista, acompañados por sus abogados, se encuentran los seis detenidos a finales de octubre del año pasado, cuatro jefes de la policía portuaria, un agente y una empleada de la lonja, además de otros siete armadores.

Durante la operación, además, se investigaba por un presunto delito de falsedad a otros 18 policías portuarios. Esta causa, por la que se pensaba abrir una pieza separada, ha sido finalmente archivada, confirmaron fuentes judiciales. La sospecha se centraba en la expedición de actas de inspección de descarga de buques o camiones sin haberse llevado a efecto, con el consiguiente beneficio económico para las empresas compradoras de pescado, ya que les permitía declarar especies de menor cuantía que generaban menos importe en las tasas que tenían que autoliquidar. No obstante, un exhaustivo informe presentado por la Autoridad Portuaria corroboró la inexistencia de cualquier falsedad en las actas lo que derivó en el sobreseimiento de dicha investigación y por tanto de la causa iniciada contra los 18 agentes.

La operación, llevada a cabo por la Guardia Civil se iniciaba el pasado año. Durante siete meses de pesquisas, los agentes constataron una serie de supuestas irregularidades en las descargas de los barcos de la flota de pesca de altura y de grandes peces, que directa o indirectamente estaban consentidas o propiciadas por determinados miembros de la policía portuaria, que haciendo dejación de sus funciones, supuestamente permitían la descarga y comercialización de pescado fresco de tallas o especies no permitidas y avisaban con antelación de las inspecciones periódicas que venían realizando el Ministerio de Pesca, la Xunta de Galicia y la Guardia Civil, por cuyos favores, presuntamente, recibían cajas de pescado, tal y como señaló el instituto armado.

Durante la investigación, los agentes de la Guardia Civil llegaron a intervenir 300 kilos de pescado, entre pez espada y atún que no tenían el tamaño legal o carecían de la documentación precisa.

Los siete detenidos inicialmente prestaron declaración en su momento, quedando en libertad pero como investigados.

Tras el procedimiento inicial que tuvo lugar ayer, se darán comienzo a las diligencias de investigación oportunas para poder corroborar los indicios sobre la comisión de los presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos.