La tasa de pleitos civiles en Vigo duplica a la de España

La media de demandas por cada 100.000 habitantes sitúa al partido judicial a la cabeza de la UE, superando en números absolutos a Finlandia, Estonia o Malta

La Cidade da Xustiza afronta sus meses decisivos para la implantación completa de la nueva oficina judicial.
La Cidade da Xustiza afronta sus meses decisivos para la implantación completa de la nueva oficina judicial. | Vicente Alonso

La carga de pleitos civiles que soporta el Tribunal de Instancia de Vigo sitúa al partido judicial a la cabeza de los países de la Unión Europea, solo por debajo de Rumanía. Así lo corrobora la tasa de demandas por cada 100.000 habitantes que ha dado a conocer Eurostat (la Oficina de Estadística de la UE) y que en el caso del partido judicial vigués duplica a la española.

El último dato de esta estadística, publicada por el Consejo General del Poder Judicial hace solo unos días, es de 2023. En aquel ejercicio, todavía con los juzgados de Primera Instancia en funcionamiento y con niveles más altos de los registrados en la actualidad, con la última reforma judicial, Vigo ingresó 21.259 demandas civiles.

Solo en números absolutos, los ciudadanos de Vigo, Baiona, Gondomar y Nigrán presentaron más litigios civiles que todos los registrados ese año en países como Finlandia, con más de 5,5 millones de habitantes; Malta, Estonia o Luxemburgo.

Atendiendo al número de demandas por cada 100.000 habitantes, la cifra en el partido judicial supera las 6.200, mientras que la media española está en 3.160. Solo Rumanía, con 7.851 litigios estaría por encima. La diferencia es muy amplia si se compara no solo con Finlandia (con una tasa 176), sino con países como Austria (885), Suecia (644), Dinamarca (918) o Alemania (1.292).

Igual que ocurrió en Vigo, ese año hubo un incremento generalizado de pleitos judiciales relacionados con asuntos civiles o mercantiles en prácticamente todos los países de la Unión Europea, si bien, desde 2009 a 2022, la tendencia fue decreciente. España, no obstante fue una excepción, con un aumento en ese periodo pasando de menos de dos millones de demandas hasta superar los 2,5 millones.

La nueva ley de eficiencia que entró en vigor de forma paulatina en abril del año pasado, ha rebajado la carga de asuntos, con una disminución de casi un 8% pero solo ante la obligatoriedad de tener que demostrar un acuerdo extrajudicial previo, lo que podría más que eliminar ralentizar los pleitos, la mayoría de fondos buitres y entidades de crédito que reclaman impagos y con los que la conciliación, según fuentes judiciales, suele ser más compleja. Pese a esos primeros efectos, el elevado número de pleitos que se presentan impide dar salida a la gran cantidad de demandas todavía pendientes.

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