Audasa tendrá que devolver a los usuarios el pago de 81 días de obras

La Sala Civil del Tribunal Supremo enmendó a la Audiencia Provincial y avaló el recurso de casación presentado por el Ministerio Fiscal, condenando a la empresa Audasa a devolver lo aportado a los usuarios de la autopista AP-9 durante 81 incidencias en las obras de construcción de la ampliación del puente de Rande. Las obras se prolongaron durante más de tres años, desde febrero de 2015 a junio de 2018, con continuos parones y atascos. De ese período es la reclamación a través de una denuncia de la asociación de consumidores En Colectivo y la acción del Ministerio Fiscal que finalizó en una sentencia del Juzgado Mercantil, que consideraba “abusivo” el pago cuando la autopista estaba colapsada. Recurrida por Audasa, fue anulada por la Audiencia y ahora el Supremo la recupera en su totalidad. En concreto, el fallo condena a la concesionaria a “restituir el importe cobrado en concepto de peaje, junto con el interés legal devengado desde la fecha de cada pago, a los usuarios que hayan circulado por el tramo de la autopista AP-9 afectado por alguna de las 81 incidencias” registradas durante las obras. Los afectados durante las fechas y franjas horarias señaladas en cada una de esas incidencias tendrán que presentar el recibo del peaje o extracto del telepeaje y acreditar las cantidades concretas abonadas por peajes en esos tramos.

La base de la sentencia para el Tribunal Supremo se encuentra en que la concesionaria estaba obligada a informar a los usuarios, con la debida antelación, de la situación de la carretera para tomar la decisión libremente de tomar esa vía o no, sabiendo que podrían existir retenciones o atascos que afectarían a la fluidez del tráfico. No solo no lo hizo, sino que cobró el peaje íntegro durante esos tres años. “La concesionaria Audasa no redujo durante el tiempo de las obras el importe del peaje. Lo incrementó a partir del día 1 de enero de 2018, tras una inauguración de las obras el día 30 de diciembre de 2017, aun cuando continuó realizando trabajos similares en la calzada con posterioridad a esa fecha”, señala la resolución del TS, “una práctica abusiva” en la prestación correcta del servicio a que venía obligada con el usuario que pagaba el peaje, un desequilibrio de las prestaciones y una falta de reciprocidad.

Antonio Heredero, de BGI LAW, representante de En-Colectivo recordó que esta sentencia crea jurisprudencia y que, por tanto, “a partir de ahora, cualquier infraestructura que realice obras mientras sigue ofreciendo el servicio, tendrá que tener presente que no podrá cobrar el peaje en el caso de que el servicio se vea afectado por dichas obras”. Por su parte, la asociación de consumidores ADICAE destaca que el Supremo reconoce una práctica abusiva por parte de la concesionaria, al mantener el cobro íntegro del peaje pese a que el servicio no se prestaba en condiciones adecuadas de fluidez y seguridad, sin facilitar a los usuarios la información suficiente sobre el estado de la vía durante las incidencias relevantes. Señala que la sentencia subraya el desequilibrio contractual contrario a la buena fe, ya que los consumidores abonaron íntegramente el peaje sin posibilidad real de optar por no usar la autopista o abandonarla.

El Gobierno se enroca en el “no” a eliminar el peaje “por ser lesivo para el Estado"

El Gobierno no da marcha atrás y mantiene su negativa a eliminar el peaje en la AP-9, pese a que la Comisión Europea advirtió sobre que las dos prórrogas concedidas violaron las normas de competencia y por tanto no son legales. No obsatante, este martes fue la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena Rodríguez, quien insistió desde el Congreso en que "no es viable" la liberación de la AP-9 por "el altísimo volumen de gastos que ello supondría", alertando de que tendría "efectos claros lesivos" para el Estado. No los cifró, aunque el ministro Óscar Puente llegado a valorar en más de 4.000 milllones el pago. La Xunta lo reduce a 1.500 millones.

En la comisión de Transportes del Congreso, el diputado del PP Célso Delgado preguntó al Ministerio por sus previsiones para "iniciar la tramitación" del rescate de la concesión y liberalización del peaje de la autopista del Atlántico AP-9. En este contexto, Rocío Báguena recordó que Óscar Puente ya ha hablado sobre este asunto varias veces en el Congreso y culpó al Gobierno de José María Aznar de la prórroga y la privatización de esta autopista.

"Como sabe, la situación actual de la autopista AP-9 se explica en toda su amplitud en una serie de decisiones adoptadas en los años 2000 y 2003 que, por motivos de índole jurídica y económica, son muy complejos de revertir", ha añadido la dirigente del Ministerio de Transportes. Por todo ello, Rocío Báguena ha explicado que la situación actual de la autopista está sujeta a un contrato concesional en vigor con una duración total de 75 años y con unas tarifas establecidas "que deben cumplirse": "No es viable proceder al rescate de la concesión por el altísimo volumen de gastos que ello supondría inasumible por la Administración y con efectos claros lesivos para el Estado".

En-Colectivo estima la “factura” entre 8 y 10 millones

El presidente de En-Colectivo, Diego Maraña, calificó la resolución del Tribunal Supremo de “gran éxito, rotundo”. “A través de la asociación de consumidores En Colectivo hemos conseguido que la iniciativa del Ministerio de Fiscal haya prosperado y se ratifiquen los cobros indebidos en las obras del puente”, señaló. El responsable de la asociación destacó que los conductores que durante esos días señalados, 81 en total, utilizaron Rande pueden solicitar la devolución de importes. “Estamos capacitados para iniciar las reclamaciones, con la ventaja de que la asociación no paga costas procesales de procedimiento”, añadió. Según Diego Maraña, serían de 8 a 10 millones a reclamar para el tramo. Lo tendrán relativamente fácil los que tengan el dispositivo de pago o tarjeta. En todo caso, no olvidó el fondo del asunto, la eliminación del peaje. “El Gobierno tendrá que reflexionar por qué no admite el dictamen motivado de Bruselas que anula la ampliación de la concesión”, zanjó.