Ratifican la condena a la célula de la Mocro Maffia que intentó mover cocaína por el puerto vigués

Una de las organizaciones internacionales de tráfico de drogas más activas y la primera célula de la Mocro Maffia en operar en Galicia, desarticulada el año de la pandemia, y a la que se le atribuyen la introducción de seis toneladas de cocaína en Europa mantendrá la condena de 10 años de cárcel y 70 millones de euros de multa a sus nueve integrantes. La sala de apelación de la Audiencia Nacional ha ratificado íntegramente la sentencia de la sala de lo penal, desestimando los recursos de las defensas.

En el fallo, del pasado mes de marzo y publicado recientemente, se da por probada la actividad de este grupo, formado en su mayoría por ciudadanos holandeses, y que realizó hasta tres envíos de cocaína una tonelada en total, por el puerto de Marín, pero que intentaba utilizar el puerto de Vigo.

Para su arresto, fue clave el papel de agentes encubiertos, con los que los acusados mantenían contactos regulares, y a los que preguntaron en más de una ocasión si conocían a alguien en el puerto vigués para introducir la cocaína, procedente de Sudamérica, en contenedores, oculta con mercancía legal.

Bautizada como “Operación Cetil” , la investigación se inició a finales de 2019 en la provincia, cuando el Equipo Contra el Crimen Organizado (ECO) de Galicia centró sus objetivos en una posible línea estable de introducción de cocaína por el puerto de Marín, tras el análisis de las aprehensiones producidas ese año. De hecho, desde ese momento, se intervino cerca de una tonelada de cocaína en varios envíos, todos ellos vinculados a esta organización holandesa.

A la vista de estas aprehensiones, este grupo delictivo trató de abrir otras vías de entrada de cocaína, entre ellas Vigo, eligiendo finalmente el recinto portuario de Valencia, para introducir grandes remesas de estupefaciente como puerta a Europa, siendo incautados por la Guardia Civil, cerca de 3.200 kilogramos de esta sustancia en distintos envíos marítimos realizados entre marzo y junio de 2020 en ese puerto. Tal y como ya hizo la sala Penal, la de apelaciones vuelve a defender la legalidad del trabajo de los agentes encubiertos, que ponían en duda las defensas de los acusados, entre los que se encuentra el líder de la organización, quien no pudo ser juzgado por darse a la fuga. Señala que desde el origen existían indicios claros de una estructura criminal y que el Supremo avala la técnica del agente encubierto cuando existe una estructura criminal de difícil acceso.