El Puerto 'vigila' el cumplimiento de las exigencias de Vulcano

La Autoridad Portuaria (APV) mantiene una vigilancia exhaustiva sobre la empresa astilleros San Enrique, sucesora de Vulcano, con respecto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la concesión administrativa. Así lo señalaron de forma expresa fuentes de la APV, que también subrayaron que al menos hasta el momento, no ha habido incumplimiento por parte de San Enrique, pese a la mínima actividad de la factoría naval. “Estamos muy atentos a lo que están haciendo y a que se atengan a las exigencias del contrato”, indicaron en el Puerto de Vigo.

Hace ahora justo un año, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de abril de 2002 dio hoy su visto bueno definitivo al otorgamiento de la concesión administrativa en las antiguas instalaciones de Factorías Vulcano a Astilleros San Enrique para su proyecto de construcción y reparación naval. Esta nueva concesión de 18.000m2 de superficie con salida al mar en la zona de Espiñeiro, en Teis, se planteó como un espaldarazo a retomar la actividad naval en uno de los principales astilleros de la Ría. Meses más tarde también hubo vía libre a que la compañía Armón se hiciera con el antiguo Barreras para ampliar sus instalaciones, ahora denominadas Astilleros Ría de Vigo.

En lo que respecta a Astilleros San Enrique, la oferta presentada por Astilleros San Enrique presentaba un proyecto industrial centrado en la construcción, transformación y reparación de buques de esloras de hasta 180 metros, en una proporción del 60 por ciento para la construcción y el restante 40 se repartirá entre transformación y reparación.

Donde chirría es en el cumplimiento del compromiso inversor por parte de la empresa, que era de 1.627.958 euros, destinados a obras en las diversas instalaciones. El proyecto fija la ejecución de estas obras en 24 meses. Ha pasado un año y de momento, apenas ha habido movimientos. Además, el proyecto industrial validado contempla la ejecución de obras adicionales para la instalación de placas fotovoltaicas (125.000) y dotación de medios de protección contra la contaminación marina (100.000), así como la adecuación de redes de suministros (321.000), grúas y otra maquinaria (31.500). Por ello, la inversión final es bastante superior al mínimo establecido de 1.218.500 euros para alcanzar el plazo concesional de 15 años.

En el volumen de negocio propuesto, el pliego de bases exigía 10 millones de euros anuales, pues mantiene este importe los primeros dos años, aumentándolo durante los siguientes, para llegar en el 2036 a un volumen de 14,6 millones de euros. Según el Puerto, “están todavía en condiciones de cumplir”, ya que les queda un año. Pero no va a ser fácil. Menos aún con respecto a los medios humanos para la explotación y mantenimiento de la actividad e instalaciones: hay un compromiso de contratación de forma directa de 28 personas durante el primer año, hasta alcanzar las 79 en un plazo de 15 años, además de los empleos indirectos de auxiliares.