Protesta ante el juzgado de Vigo para poder ver a su hijo de 9 años

El pasado 1 de diciembre, la Xunta le retiró la custodia de su hijo de nueve años, semanas después de que este ingresara en el hospital por una supuesta sobredosis de un medicamento. Ayer, Giovanna y sus otras dos hijas, acompañadas de varios amigos se plantaron ante la Cidade da Xustiza y también ante la Xunta en Vigo para reclamar al niño.

Según explicaba, “me quitaron al niño después de que le dieran de alta en el hospital y sin darme explicaciones se lo llevaron, desde entonces no lo he vuelto a ver”. Ella reconocía el expediente abierto, pero tanto ella como sus otras hijas negaban el cuidado negligente del pequeño. En todo caso, lo que ayer pedía era poder verlo. “Porque hace semanas que no tengo noticias de él ni puedo hablar por teléfono y no sé como está”.

Su abogada confirmó dicho expediente con varias actuaciones pero aseguraba que ninguna de tanta gravedad como para que le retiren la guardia y custodia, y por eso presentaron una demanda contra la Xunta. Asimismo, señaló que se estableció un régimen de visitas y contactos pero que se cortaron recientemente alegando un traslado a un centro de Santiago.

El menor padece un trastorno del espectro autista. Giovanna afirmaba ayer que le daba la medicación que le habían recomendado. “Yo estoy cumpliendo con todo lo que me dijeron pero ellos no, porque no sé nada de él”. De origen peruano, contaba que es auxiliar de enfermería que tiene trabajo y vive además con sus dos hijas, una también menor. “No sabemos como está nuestro hermano”, decían.

La madre relató que el niño tenía problemas en el colegio “le hacían bullying y no quería ir”. Quienes acudieron a apoyarla lamentaban que “no la reciban, que no hablen con ella y le expliquen las cosas”, “al margen de lo que haya pasado, es su hijo y necesita un abrazo de su madre”.

Por su parte, desde la Xunta aseguraron que “todas las decisiones que afectan a expedientes del sistema de protección son decisiones exclusivamente técnicas, adoptadas por empleados públicos expertos en el ámbito de la infancia y basadas exclusivamente en el interés superior del menor”.