Precintan un piso en Vigo dedicado a la explotación sexual de mujeres

La Policía Nacional detuvo hace tres meses a un clan familiar dedicado a la trata de seres humanos. Las víctimas ya están realizando su vida en libertad y con recursos de apoyo

Publicado: 01 jul 2026 - 16:01 Actualizado: 01 jul 2026 - 19:50
La policía precintando el inmueble.
La policía precintando el inmueble. | Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional procedieron ayer al precinto y clausura cautelar de un inmueble del barrio Casablanca que se usaba para la explotación sexual de mujeres en situación de especial vulnerabilidad. La medida se adoptó en el marco de una investigación que permitió detener hace tres meses a tres mujeres pertenecientes a un clan familiar dedicado a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, delitos contra los derechos de ciudadanos extranjeros y pertenencia a organización criminal.

La investigación, desarrollada por agentes de la UCRIF de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Vigo-Redondela, se inició el año pasado tras varios incidentes graves, incluido el fallecimiento de una mujer y la denuncia de otras dos.

En la entrada y registro practicada el 24 de marzo de este año, los agentes localizaron a numerosas víctimas que residían de manera permanente en el inmueble y que eran obligadas a trabajar en jornadas nocturnas prolongadas, con restricciones severas de movimiento y en condiciones de habitabilidad indignas. Esa intervención permitió detener a las tres integrantes del clan familiar y activar los protocolos de protección previstos para las víctimas de trata.

Las entrevistas personales realizadas por los agentes de la UCRIF a las mujeres alojadas en el piso permitieron constatar que las responsables del inmueble ejercían un control absoluto sobre ellas. Las sometían a jornadas nocturnas de hasta 12 horas, exigían disponibilidad inmediata ante cualquier cliente, marcaban la indumentaria que debían utilizar y limitaban sus salidas a apenas dos horas diarias, siempre bajo autorización. El inmueble contaba con sistemas de vigilancia internos destinados a supervisar su actividad y además, las responsables se apropiaban de la mitad de los beneficios obtenidos por la prostitución.

Los informes también revelan que muchas de las mujeres explotadas eran extranjeras recién llegadas a España, tras haber contactado previamente con las responsables para asegurarse una plaza en el inmueble. Varias de ellas habían cruzado la frontera bajo la apariencia de turistas, pese a que su verdadera intención era ejercer la prostitución, una práctica que vulnera la normativa de extranjería y que las investigadas conocían y facilitaban.

El análisis de las condiciones de habitabilidad confirma que el inmueble estaba concebido para el ejercicio continuado de la prostitución. Las mujeres permanecían recluidas en habitaciones de reducido tamaño, equipadas con literas e incluso sin ventilación ni luz natural, sin otros espacios de descanso o esparcimiento y obligadas a permanecer en el interior de sus habitaciones durante el tiempo de espera entre clientes.

A todo ello se suman los informes elaborados por dos ONG especializadas que entrevistaron de manera individual a varias mujeres y detectaron claros indicios de explotación sexual y situaciones personales de extrema vulnerabilidad. Algunas de ellas habían iniciado la prostitución en su país de origen siendo menores de edad, otras eran el único sustento económico de su familia o acumulaban deudas que las obligaban a continuar ejerciendo. Todas coincidieron en carecer de alternativas y en encontrarse sometidas a condiciones que afectaban gravemente a su bienestar.

Ante la gravedad de los hechos y el riesgo de continuidad delictiva, la Policía Nacional solicitó a la Autoridad Judicial la adopción de medidas para garantizar el cese de la actividad ilícita.

Tras las actuaciones policiales y asistenciales de los últimos meses, las mujeres están desarrollando su vida fuera del inmueble con plena libertad de movimiento y acceso a recursos de apoyo.

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial.

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