El pleno de Vigo aprueba la subida de impuestos para 2026 en una sesión con protestas del SAF
El PSOE saca adelante la medida en solitario, con críticas de PP y BNG, mientras se debatieron las líneas del presupuesto y varias mociones sobre vivienda, sanidad y Palestina
El pleno municipal en Concello de Vigo aprobó hoy la subida de tasas e impuestos en un 4% para 2026, con el voto a favor del PSOE y el rechazo del PP y el BNG. El concejal de Hacienda, Jaime Aneiros, defendió la medida señalando que se enmarca en la elaboración del próximo presupuesto y busca garantizar la financiación del gasto corriente y de los servicios públicos. Recordó que en los últimos años se redujeron o congelaron los tributos en un contexto de inflación y destacó las bonificaciones vigentes en el IBI, la tasa de basura y el IAE.
Desde el PP, Patricia García acusó al gobierno local de aprobar la subida sin consenso ni medidas sociales, alertó de una presión fiscal acumulada del 12% en los últimos años y criticó la falta de retorno para la ciudadanía. El portavoz del BNG, Xabier Igrexas, calificó la medida de incremento injustificado, cuestionó la gestión del presupuesto y denunció la falta de ejecución de ejercicios anteriores.
En la misma sesión se debatieron las líneas fundamentales del presupuesto municipal para 2026. Aneiros destacó que el documento mantiene el endeudamiento cero, contempla aumentos en personal, contratos de servicios como el SAF, limpieza y jardines, así como en becas, ayudas sociales y nuevas inversiones. PP y BNG coincidieron en criticar la ausencia de diálogo y de prioridades sociales, además de advertir sobre la baja ejecución de las cuentas actuales.
El pleno también abordó varias mociones presentadas por el grupo socialista. Entre ellas, una instando a la Xunta a agilizar las autorizaciones de proyectos pendientes en la ciudad, aprobada con el apoyo del PSOE, la abstención del BNG y el voto en contra del PP, que atribuyó la parálisis a la gestión municipal.
Asimismo, se aprobó con los votos del PSOE y el BNG, frente al rechazo del PP, una moción para mantener a Vigo como sede del examen MIR.
En materia de vivienda, el pleno respaldó una propuesta socialista para que la Xunta apoye el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que fue aprobada únicamente con el voto del PSOE.
También salió adelante, con el apoyo de PSOE y BNG, la petición de fijar en 6,5 millones de euros anuales el convenio con la Diputación, mientras el PP votó en contra.
Se aprobó además una moción del PSOE de respaldo a la posición del Gobierno en favor del reconocimiento del Estado palestino, con el apoyo del PSOE, la abstención del PP y del BNG, y tras el debate se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas en Palestina, acordado por todos los grupos.
El pleno también debatió una moción del PP sobre el incremento de la tasa de la basura, finalmente rechazada con el voto en contra del PSOE y la abstención del BNG.
Los populares acusaron al alcalde de repercutir íntegramente el coste en la ciudadanía pese a la bonificación ofrecida por la Xunta. El BNG coincidió en criticar la subida y reprochó que ni el Gobierno, ni la Xunta, ni el Concello asuman responsabilidades. El PSOE defendió que el incremento responde al canon de Sogama, sociedad pública autonómica, y señaló que el alza en Vigo busca compensar las pérdidas acumuladas de la entidad, acusando a la Xunta de ser la que realmente hace caja con este sistema.
Por su parte, el BNG presentó una moción en defensa del sistema público de atención a la dependencia y pidiendo mejoras para el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que fue rechazada con el voto en contra del PSOE y la abstención del PP.
Durante el debate, se vivió una protesta de trabajadoras del SAF y sindicalistas de la CIG, que corearon consignas como “trabajo de cuidados con derechos y salarios” y “Concello culpable, Xunta responsable”.
La tensión obligó a suspender temporalmente la sesión tras el choque entre manifestantes y algunos concejales. La teniente de alcalde y presidenta del pleno, ante la ausencia en ese momento de Abel Caballero, Carmela Silva, ordenó el desalojo, afirmando que los manifestantes tienen derecho a expresar su malestar, pero no a proferir insultos ni amenazas.
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