El Concello cambiará el modelo del bus urbano para poder controlar la gestión

El pleno del Concello aprobó ayer un cambio en la forma de gestión del transporte urbano, que pasará del modelo concesional actual a un contrato de servicios con el objetivo de lograr un mayor control público sobre el funcionamiento del servicio con contratos más breves. La modificación impulsada por el gobierno local, fue aprobada por los votos del grupo socialista, la abstención del PP y el rechazo del BNG, en el marco del nuevo contrato del bus urbano, actualmente en preparación.

Javier Pardo, segundo teniente de alcalde y concejal de Fomento, defendió que “dentro de la transformación que se está produciendo en esta ciudad” con programas como el Vigo Vertical o la implantación de la PassVigo, el nuevo modelo permitirá “ajustar la demanda real de la ciudadanía” y recuperar los niveles de uso previos a la pandemia. Señaló que entre 2016 y 2019 se registraron 99,7 millones de viajes, cifra que descendió a 72,8 millones entre 2020 y 2024, “un 73% de lo que había antes”.

Pardo afirmó que el contrato de servicios permitirá que el Concello mantenga la titularidad del servicio y tome directamente las decisiones que afecten a su funcionamiento, incluyendo la creación de nuevas líneas, la modificación de rutas o la determinación de tarifas. “Es un contrato vivo, adaptable a las demandas de los vigueses”, afirmó. Añadió que el nuevo modelo facilita una gestión más ágil, sin que factores como el reparto del riesgo operativo o el volumen de demanda condicionen las decisiones administrativas.

Desde el PP consideraron que la propuesta supone “el reconocimiento del descontrol” en la gestión del bus urbano tras la prórroga de cinco años de la actual concesión aprobada en 2020. Miguel Martín señaló que la empresa concesionaria reclamó millones de euros por la caída de viajeros por el covid, y que “esta nueva fórmula supone una enmienda total a lo que hicieron ustedes en 2020”. No obstante, el PP no se opuso a la propuesta, reconociendo que el contrato de servicios representa un paso hacia un mayor control municipal sobre el sistema, aunque también implica que el Concello asume “el riesgo operacional y financiero”. “Esto no significa que será mejor, dependerá de lo que hagan ustedes”, apuntó.

Por su parte, el BNG criticó que, pese al cambio formal, “siguen defendiendo que el servicio de bus urbano continúe bajo gestión privatizada”. Advirtió también de que el nuevo modelo podría derivar en una reducción del servicio en barrios y parroquias, para aplicar fórmulas de transporte a demanda o con frecuencias muy limitadas. Xabier P. Igrexas añadió que el modelo propuesto “es tan público como el Álvaro Cunqueiro, nada”. Reclamó una “remunicipalización del servicio” a través de un voto particular que fue rechazado.

410 millones de euros en un contrato para los próximos 9 años

Este nuevo modelo no solo traerá consigo más control municipal sobre el servicio, sino licitaciones con más frecuencia. De hecho, el contrato en el que trabaja el Concello será por nueve años, frente a los 25 de los dos anteriores, ambos con Vitrasa como ganadora y con prórroga. La empresa Vitrasa forma parte del Grupo Avanza, a su vez propiedad de la mexicana Mobility ADO, y comenzó a prestar servicios en Vigo en 1968.

Si bien el Concello aprobó una última prórroga al actual contrato, el anuncio previo del siguiente ya se publicó en la plataforma de contratación del Estado. El Concello estima que se acercará a los 410 millones de euros, lo que supone más de 45 millones anuales de desembolso por el consistorio. El ganador del nuevo concurso, que puede ser Vitrasa u otra firma que concurra, tendrá la obligación de acometer inversiones por un importe de 69 millones de euros, que en todo caso no son susceptibles de ser empleados en el resto de la actividad productiva del contratista.