Los pleitos civiles movieron en un año más de ocho millones

El elevado número de demandas civiles que ingresaron los antiguos juzgados de Primera Instancia, ahora reconvertidos en secciones, también se deja notar en el movimiento de la cuenta de depósitos y consignaciones, donde se realizan los pagos de un procedimiento judicial. El balance correspondiente al ejercicio 2025 refleja que más de la mitad de las transacciones que se realizan a través de esta cuenta judicial corresponden a este tipo de pleitos.

A nivel provincial, el saldo al final de 2025 se situó en 41 millones de euros, de los que, según las estimaciones realizadas en la Cidade da Xustiza, entre el 30 y 35% corresponderían a procedimientos del partido judicial vigués, lo que aportaría una cantidad cercana a los 15 millones, de los que más de ocho millones corresponden a ingresos para los pagos acordados en sentencia firme.

Reclamaciones de deudas

Con esta cuenta se garantizan los compromisos económicos de un procedimiento judicial, entre ellos la recepción de las cantidades que resuelvan los tribunales para por ejemplo reclamaciones de deudas, indemnizaciones o herencias, pero también para la devolución, por ejemplo, de los gastos derivados de las hipotecas. De hecho, los procedimientos monitorios, (reclamaciones de deudas) que no han parado de crecer, conforman una parte importante de estas demandas civiles.

Junto a la jurisdicción civil, los procedimientos penales de Vigo generaron un saldo de casi tres millones de euros, tras recaudar solo en el último trimestre cerca de un millón. En este caso, las cantidades se dividen entre ingresos de indemnizaciones y responsabilidades civiles y otra buena parte a las multas económicas derivadas de condenas.

En el primer caso, el juzgado garantiza la entrega a los perjudicados desde la mencionada cuenta del dinero que la otra parte ingresa para hacer frente al daño. En el segundo, lo ingresado en multas económicas va directamente al Tesoro Público, con un incremento de saldo respecto a ejercicios anteriores, ante el aumento de este tipo de condenas en acuerdos por conformidad en sustitución de las penas privativas de libertad.

En cuanto a los procesos laborales, los movimientos de ingresos y salidas de la cuenta de consignaciones se elevaron a algo más de tres millones a nivel provincial, a los que Vigo aporta casi un millón. En el último cuatrimestre del año 2025, estas demandas supusieron la entrada de 2,2 millones, mientras salieron 2,1.

Final de año

Fue precisamente en el último tramo del año donde las cuentas judiciales experimentaron un mayor número de transacciones con las cuantías más elevadas, pasando a nivel provincial de un saldo de 25,5 millones en verano a los 31 millones de euros al finalizar el mes de diciembre, cifras muy superiores a la del saldo fijado en el primer semestre del ejercicio 2025.

Retrasos por el atasco de carga de trabajo

El movimiento registrado en la cuenta de consignaciones da una idea de la carga de litigiosidad que afrontan los juzgados y la importancia de agilizar los procedimientos para el resarcimiento a los afectados.

La nueva ley, que pretende optimizar recursos, tiene el objetivo de agilizar el trabajo judicial, en Vigo con problemas estructurales que mantiene más de 20.000 sentencias civiles pendientes de ejecución, lo que significa que otros tantos ciudadanos aún están a la espera de que se haga efectivo el fallo judicial que les permitiría, por ejemplo, cobrar una indemnización o una deuda.

La última medida anunciada por el Ministerio de Justicia ha sido la de crear tres plazas más de magistrado para la sección civil, aunque sindicatos y personal ya piden que se acompañen con más funcionarios.

El año pasado, la obligación de conciliar introducida con la entrada en vigor de la nueva ley permitó una primera reducción de asuntos pasando de 26.000 en 2024 a 21.800.