El Plan General se enfrenta a los primeros 20 contenciosos
El gobierno local asegura que es un documento “legalmente robusto” y el PP pide al Concello que responda a las alegaciones
El nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Vigo acumula ya varias denuncias presentadas por particulares y empresas ante los tribunales, poco más de un mes después de su entrada en vigor. Ayer se publicaron cuatro de ellas en el Boletín Oficial de la Provincia, aunque el PP de Vigo, señala que según los datos a los que pudo acceder la oposición en el Concello, ascienden ya a una veintena. Los recursos se dirigen contra la aprobación definitiva del documento, ratificada en el pleno municipal del pasado 26 de mayo.
Durante esta semana, el departamento de Urbanismo trabajó ya en recopilar la documentación relacionada con estos procedimientos contencioso-administrativos. Paralelamente, desde la asesoría jurídica del Concello se trabaja para preparar la defensa municipal y se amplió recientemente el contrato con el despacho externo encargado de los servicios de procuraduría, con el fin de asumir las nuevas reclamaciones vinculadas al plan.
Algunas de estas denuncias podrían corresponder a reclamaciones menores o ser finalmente rechazadas. No obstante, su resolución será determinante para garantizar la estabilidad jurídica del nuevo planeamiento. El anterior PGOM de 2008 afrontó más de medio centenar de recursos, todos desestimados en primera instancia por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Sin embargo, uno de ellos fue aceptado posteriormente en casación por el Tribunal Supremo, lo que llevó a la anulación del Plan y a una década de gestión urbanística basada en el documento obsoleto de 1993.
La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, reclamó ayer al gobierno de Abel Caballero que responda a las más de 4.500 alegaciones vecinales presentadas. “Una buena parte de las más de veinte denuncias que se han presentado en el juzgado forman parte de esas reclamaciones sin respuesta. En su mayoría, por lo tanto, son personas que acudieron a la vía judicial ante la imposibilidad de poder defender sus intereses a través de los cauces administrativos”, aseguró Sánchez.
Desde el gobierno local aseguran que el Plan General es un documento “legalmente robusto”. La concejala de Urbanismo, María José Caride, señaló que cualquier ciudadano o colectivo puede “defender sus intereses particulares y privados”, pero advirtió de que el gobierno municipal y la ciudad “van a actuar en defensa del interés general” y en defensa de un PGOM “que ha tenido toda la tramitación legal adecuada”. Al respecto, la edil socialista insistió en que el nuevo planeamiento “ha dado respuesta a todo lo que los informes sectoriales han presentado”.
En este sentido, el PP de Vigo insistió en que no aspira a que “se repita la historia” ocurrida con el PGOM de 2008, porque la ciudad “no puede volver a una parálisis urbanística ahora que se comienzan a desatascar ámbitos cuyo desarrollo llevaba décadas pendiente”.
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