Piden 3 años para los hermanos de La Barraca por fraude fiscal
vigo
La Fiscalía les acusa de defraudar a Hacienda 144.000 euros y solicita una multa de 280.000
Los hermanos Hermida propietarios de los establecimientos La Barraca, que fueron detenidos hace un año en un operación contra un presunto fraude millonario a la Seguridad Social regresaron ayer al juzgado acusados en esta ocasión de defraudar a Hacienda más de 144.000 euros.
El fiscal pide para cada uno de ellos tres años de prisión y una multa de 280.000 euros por un delito contra la Hacienda Pública en relación con la declaración del Impuesto de Sociedades del periodo tributario de 2009, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
El juzgado de lo Penal número 2 de Vigo suspendió finalmente la vista y aplazó el juicio para el próximo mes de junio.
Según el escrito fiscal, la compañía de protección y vigilancia Galaica fue constituida al 50% inicialmente por las esposas de los dos acusados y con posterioridad efectuó diversas ampliaciones de capital social que fueron poniendo sus acciones a nombres de otras sociedades mercantiles. En todo momento, sostiene el fiscal, fue siempre controlada por los hermanos, a los que pertenece a través de esas sociedades interpuestas y que la gestionan y controlan de modo efectivo a pesar de aparecer formalmente como administradores otras personas. En concreto, dice la acusación pública, en el año 2009, una de las mujeres, ya fallecida, y en junio del año siguiente, otra persona que formalmente presentó la declaración del Impuesto de Sociedades de ese año, aunque en realidad era "un simple empleado que desconocía por completo su contenido".
Asimismo, señala que la gestión administrativa y la dirección del negocio radican en Vigo, a pesar de que el domicilio fiscal declarado está en el polígono industrial de Tambre. La declaración del Impuesto de Sociedades, mantiene el fiscal, correspondiente al periodo del año 2009 de Galaica "no responde a la realidad, al haberse disminuido artificiosamente la cuota tributaria, mediante la recepción aparente de facturación de otras sociedades así mismo controladas por los acusados e integradas en el mismo grupo familiar que no responden a ninguna prestación de bienes o servicios reales o recogen cantidades sumamente infladas, sin que esto suponga ningún incnveniente a tales empresas, porque la emisión recíproca de cuantiosa facturación entre ellas y la existencia de un patrimonio neto negativo originan una situación de insolvencia patrimonial que las hace inmunes a cualquiera sanción o ejecución administrativa".
De este modo, la tesis acusatoria afirma que se recibió facturación irreal.
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