Personal del SAF: "Seguimos en riesgo 7 días después del crimen"

Siete días después de la muerte violenta de Teresa de Jesús, una empleada del Servizo de Axuda no Fogar de Porriño, en la vivienda a la que acudía para atender a una usuaria, compañeras de trabajo aseguran que “no ha cambiado nada, seguimos en riesgo”. Personal del SAF de Vigo, Mos y Porriño, delegadas sindicales, explican que “pese a las buenas palabras, no sabemos a qué nos enfrentamos en cada vivienda, es como meterte a diario en una plaza de toros”.

Todas coinciden en que “además del daño físico sufrimos un daño psicológico por el trato que recibimos, no existe información. Ni somos psicólgas ni tampoco criadas”. Afirman que “los propios concellos nos venden como ‘las chicas’ a las familias que creen que estamos para hacer todo lo que nos pidan, desde poner lavadoras, hacer comidas no solo para los usuarios, limpiar…Y no es así, somos personal sociosanitario, nos ocupamos de personas dependientes”.

Lo ocurrido con Teresa marcó un antes y después. “Llevábamos años solicitando medidas, advirtiendo de lo que podía ocurrir y ahora no vamos a parar hasta que estemos protegidas y se cumpla la normativa de riesgos laborales”.

Su preocupación no solo está en el trabajo en las propias viviendas a las que acuden “de las que no se comparte información por la protección de datos” sino también en los trayectos que realizan “en solitario” en zonas alejadas y en invierno cuando ya ha anochecido. “La desprotección es total”, dicen mientras señalan que en algunos concellos, como en Mos, “la empresa nos obliga a llegar a un horario concreto aunque te envíe a dos casas totalmente alejadas”.

Denunciar un incidente como el que notificó Teresa antes de ser asesinada supone “que si renuncias ese servicio no te lo pagan".

El próximo día 13 hay un paro convocado, una huelga que creen que “cuenta con un respaldo mayoritario, pero que por los servicio mínimos que se establecerán quizá no tenga la repercusión real que debería tener”.

Lo que tienen claro es que no van a parar hasta que “se nos proteja y se nos dignifique”.

Un protocolo marco con prevención y ‘botón del pánico’

Diez años llevan los trabajadores del sector solicitando un protocolo ante situaciones de violencia en el SAF y que se cumpla la normativa existente, hasta el momento sin éxito. Así lo aseguró ayer Pedro Pérez, de la CIG-Servizos en una rueda de prensa en la que se dio a conocer la propuesta del sindicato de protocolo marco “con puntos indispensables y medidas específicas que todos los concellos gallegos tengan que asumir, porque es la única manera de que la protección de estas trabajadoras esté garantizada”, afirmó Esther Mariño, responsable de Igualdad de la CIG. Así, incidió en que “antes de la asignación del servicio se haga una evaluación de riesgos incluyendo todos los psicosociales y el conocimiento del lugar de trabajo, así como llevar un registro de todos los incidentes y que se de traslado al comité de riesgos y las subcontratas, bajo el control de las administraciones públicas".

Paulo Carril, secretario xeral de la CIG, desgranó el protocolo advirtiendo de que “llevamos seis días esperando por una respuesta de la Xunta a nuestra petición de convocatoria de una mesa urgente, lo que demuestra una falta de sensibilidad, de interés, ¿cuántas muertes tiene que haber para que alguien haga algo?”, dijo mientras criticó el modelo privatizado del servicio por parte de la Administración gallega que es “cruel, que transfiere a los concellos y convierte a las trabajadoras en esclavas".

El protocolo incluye medidas preventivas antes de la entrada en un domicilio, como formación e información y valoración de riesgo; actuaciones una vez la vivienda; y medidas reactivas entre ellas un botón de emergencias .