Personal judicial de Vigo urge a negociar sus condiciones con la nueva ley

La cuenta atrás para la puesta en marcha de la nueva oficina judicial que hará desaparecer la organización tradicional de juzgados ha comenzado. Apenas quedan unos meses para que hagan su irrupción los tribunales de instancia que funcionarán como un único órgano con secciones, con varios magistrados y letrados y con los mismos trabajadores. El gran cambio estructural ha llevado a los trabajadores judiciales a reclamar a la Xunta la negociación sobre sus nuevas condiciones laborales. Ayer, responsables de todos los sindicatos con representación en Justicia (SPJ-USO, Alternativas na Xustiza, UGT, CSI-F, CIG y CCOO) alertaron a los medios de la discriminación que sufre el personal no solo de Vigo sino del resto de Galicia, “porque la Xunta lleva más de siete meses de retraso para crear una mesa de negociación, mientras que en la mayoría de comunidades ya hay acuerdos”, resaltaba Julio Bouzas, portavoz de la unidad sindical. 

Durante la intervención, explicaron la gran transformación que va a suponer la nueva oficina judicial, “un cambio que requerirá de un gran esfuerzo y que va a suponer un cambio sustancial en nuestras condiciones, principalmente por la movilidad, ya que pondrán cambiarnos por las distintas secciones sin tener en cuenta que nada tiene que ver tramitar una causa en Instrucción que en Penal o Civil”. 

Describieron la nueva situación como “una tarifa plana de personal” pero alertaron de que “no somos fichas”, de ahí que sea urgente, incidieron “negociar el complemento retributivo y la relación de puestos de trabajo, como ya han hecho en otros lugares excepto en Galicia, Andalucía y Valencia, aunque en esta última comunidad ya tienen una propuesta”. 

Todos los representantes coincidieron en que su intención es sentarse con la Xunta, que justo esta semana ha dado respuesta a su petición convocándoles para una reunión el lunes, pero advierten de que “estamos dispuestos a llegar hasta donde haga falta para que se nos equipare con los trabajadores de Justicia del resto de comunidades”. Así, confían en no tener que llegar a convocar una nueva huelga, como ya ocurriera hace siete años y que paralizó los juzgados durante tres meses.