Penados a trabajos comunitarios acaban como voluntarios tras extinguir su condena

El volumen de condenas alternativas a la prisión ha ido creciendo en los últimos años hasta situarse por encima de los 1.600 el año pasado tal y como consta en la última estadística del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas (SGPM) de A Lama, que incluye el CIS de Vigo.

La media, que supera el centenar al mes en Vigo y provincia, hace que estas penas, muchas de ellas por sustitución o suspensión, se ejecuten en distintos lugares, entre ellos organizaciones no gubernamentales o colectivos sociales.

Uno es Vida Digna. Allí, según constata su presidente Ricardo Misa, cumplen esa pena una decena de personas y una vez la extinguen, algunos deciden prolongar su estancia de manera voluntaria. “No es una amplia mayoría pero sí contamos con personas que han decidido continuar ayudando con nuestra organización”, explica.

Misa explica cómo “a veces uno piensa que se encuentra en la peor situación posible hasta que contacta con la realidad y ve cómo viven otras personas”. Ese contacto con familias necesitadas, por ejemplo en el comedor social o en el reparto de comida y otras muchas actividades en favor de los más necesitados, se convierte en la mejor reinserción posible.

Las personas que son condenadas a trabajos en beneficio de la comunidad lo son por delitos de menor gravedad que pueden ser directamente impuestos o como sustitución o suspensión a una pena de prisión. Las estadísticas del SGPM constata que la mayoría de los casos los penados lo han sido por cometer delitos contra la Seguridad Vial o de Violencia de Género.

No es la única organización donde el CIS de Vigo gestiona el cumplimiento de estas medidas alternativas. Asociaciones de vecinos, comunidades de montes, protectoras, culturales e incluso participación en ruedas de reconocimiento judiciales son otros de los destinos donde los penados, tras una sentencia judicial, están obligados a realizar trabajos de ayuda que, en ocasiones, acaban cambiando su vida hasta el punto de continuar después de haber extinguido la condena.

Los hay, sin embargo, que incumplen esta obligación de trabajos sociales de forma reiterada y entonces se enfrentan a otro delito, el quebrantamiento de condena, que puede llevar aparejadas penas de multa e incluso de cárcel.