El peaje de la AP-9 subirá un 4%: de Vigo a Pontevedra, 4,20 euros, y hasta A Coruña, 18,30

El Gobierno finalmente, como se había anunciado, aprobó limitar al 4 por ciento el alza de los peajes en once autopistas de pago en 2023 para mitigar el aumento de las tarifas del 8,4% por la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC), entre ellas la AP-9, donde también se incluye el efecto de las revisiones extraordinarias. En concreto, la AP-9 habría subido un 9,46, por el IPC y la revisión extraordinaria de la tarifa para generar fondos con los que compensar las obras realizadas para mejorar las infraestructuras en Rande y Santiago, y que implicaron modificar las condiciones de las concesiones. El incremento previsto había desatado una lluvia de críticas y la Xunta pidió que se congelaran las tarifas, como hizo en sus propias autopistas. Finalmente, el incremento se quedará en algo menos de la mitad. Según señaló el Ejecutivo, el objetivo es ayudar a la ciudadanía a afrontar el escenario actual de altos precios de la energía, “derivado de la persistencia del conflicto en Ucrania tras la invasión rusa, que afecta muy especialmente a la movilidad y a la renta disponible de los hogares”. Aunque las tarifas oficiales se harán pública antes del 1 de enero, cuando entrarán en vigor, el precio estimativo del viaje entre Vigo y Pontevedra subirá hasta 4,20 euros y el trazado del eje atlántico, desde A Coruña a Vigo, a 18,30 en cada sentido.

El Real Decreto-ley aprobado a propuesta del Ministerio de Transportes (Mitma) articula un mecanismo para contener al 4% el aumento de las tarifas de 2023, que soportan los usuarios, en la AP-9 y en las autopistas AP-51, AP-61, AP-53, AP-66, AP-7, AP-68 y AP-71, AP-6 y AP-46. Mitma subvencionará entre 2023 y 2026 parte de los ingresos que las concesionarias dejaran de percibir el año que viene por la contención del incremento de los peajes. En concreto, se habilita una línea de 23,3 millones de euros para financiar la reducción del incremento de las tarifas en 2023, y se establece la obligación de que la Administración General del Estado dote las partidas necesarias para mitigar parcialmente la subida entre 2024 y 2026 para que sea escalonada. El Gobierno advierte de que la subida de tarifas es acumulativa, de ahí la necesidad de repercutir nuevamente al usuario la diferencia que no abona en 2023, “ejercicio en el que estaba previsto que subieran en torno al 8,38% por la inflación, aunque poco a poco, para que pueda ser asumida en mejores condiciones por los ciudadanos”.