‘Patos’: Errores de interpretación y testigos que no se acuerdan

El informe fiscal sobre el caso de presunta corrupción derivado de la ‘Operación Patos’ alude a la falta de datos incriminatorios obtenidos durante las diligencias judiciales, entre otros motivos, para solicitar el sobreseimiento de la causa contra todos los políticos investigados, a excepción del expresidente de la Diputación, Rafael Louzán.

El representante del Ministerio Público, que remitió dicho informe al Juzgado de Instrucción 7 de Vigo, considera que se han dado a lo largo de estos más de dos años de investigación judicial una serie de circunstancias que han modificado notablemente el contenido de su escrito inicial con una treintena de investigados. En concreto y a modo genérico habla de insuficiencia de indicios incriminatorios por diversas razones. Además de la aportación a la causa con posterioridad de documentación diferente y que modifica las conclusiones, habla de "errores en la interpretación del material probatorio" respecto de ciertos datos de los que se partía en los informes policiales recogidos en los atestados. Alude incluso confusiones en las transcripciones de las grabaciones telefónicas, siendo la más significativa en relación con la subvención a la asociación Pedramoura cuando se plasma en el atestado que se pedían presupuestos "falsillo, rápido", cuando en realidad la frase era "faslo rápido".

Asimismo, resalta que a lo largo de las diligencias instructoras "son muy escasos los datos de carácter incriminatorio que se obtuvieron" y en particular, destaca que los testimonios de las personas relacionadas con los hechos "apenas aportaron en su mayor parte datos corroboradores de los indicios". La falta de aportación viene dada , según el fiscal, por un lado porque no se acuerdan con exactitud, en algunos casos por el tiempo transcurrido, y por otro por las "patentes vinculaciones laborales o de amistad de muchos testigos con algunos investigados".

En algunos casos concretos, señala, se ha comprobado en todo este tiempo de investigación judicial "datos que contradicen las conclusiones indiciarias". Por otra parte, resalta que gran partes de las incriminaciones giran al ejercicio de influencias de Enrique A.P., pero fuera de las relaciones personales, "no hay pruebas o referencias de entrega de dinero, recompensas o promesas de concesión de obras".

La obra que implicaría a louzán

Es en la obra del campo de fútbol de Moraña en la que el fiscal considera que, con pleno conocimiento del entonces presidente de la Diputación , al que acudió directamente Enrique A.P., se vulneró por completo la normativa aplicable en materia de contratación pública. Es más, afirma se realizó "fingiendo la existencia de una contratación pública que no era más que una compensación o complemento de la obra anterior, podiendo constituir así tales hechos, delitos de prevaricación, falsedad documental y alteración de precios en concurso público".

En relación con las obras de las aceras de Mosteiro en Meis , si bien no hay nada que el fiscal considera que ratifique irregularidades, sí que asegura que "existe prueba contundente de que tanto Louzán como su entonces jefe de gabinete ejercieron influencias directas sobre Eiriña para que subcontrataran partes de esa obra con empresas determinadas". Pese a esa afirmación, el fiscal asegura que no existe constancia de que ni Louzan ni su jefe tuvieran intereses en las empresas a las que recomendaron y que dicha actuación no encaja en ningún tipo del Código Penal.