La PassVigo se modernizará con una nueva plataforma en junio

El Concello tiene en marcha la migración del servicio que, según el nuevo contrato del bus, permitirá digitalizar la tarjeta, para lo que ya se puso a prueba la tecnología con códigos QR

Una usuaria del bus urbano con una tarjeta PassVigo.
Una usuaria del bus urbano con una tarjeta PassVigo. | Atlántico

La plataforma municipal de gestión de la tarjeta PassVigo se encuentra en proceso de migración de datos. Según trasladaron técnicos municipales a las empresas que participan en la licitación del nuevo contrato del bus urbano, “está en proceso la validación de la información traspasada y está previsto, en el cronograma de puesta en marcha, que en el mes de junio de este año esté en producción la nueva plataforma de gestión de la tarjeta”.

La actualización tecnológica es relevante para el nuevo contrato del transporte urbano, actualmente en concurso público por un periodo de nueve años. Las compañías interesadas plantearon cuestiones sobre el futuro sistema de pago, ya que el pliego prevé la posibilidad de abonar el billete directamente con el teléfono móvil, sin necesidad de tarjeta física.

En ese contexto, los técnicos confirmaron también que el proyecto de adquisición, instalación e integración de lectores de códigos QR y tecnología NFC ya ha iniciado sus primeros pasos, con una prueba de implementación “parcial” mediante QR, según comunicó el Ayuntamiento a las empresas.

La documentación del contrato recoge la previsión de virtualizar la PassVigo para integrarla en aplicaciones de pago digital. El sistema deberá ser compatible con la gestión actual y estar disponible para dispositivos Android y iOS.

La futura PassVigo digital permitirá consultar el saldo y el historial de viajes desde el teléfono, recargar de forma automática o manual, gestionar bonos y títulos de transporte y pagar sin desbloquear el dispositivo ni abrir aplicaciones. También se contempla el bloqueo remoto en caso de pérdida o robo y la sincronización del saldo entre tarjeta física y digital.

El Concello ya incluyó la adquisición de estos equipos en el Plan de Actuación Integrado (PAI) de las rampas de la Gran Vía. El cuarto proyecto del documento aborda la modernización del transporte público e incorpora la digitalización del pago mediante NFC.

El coste estimado asciende a 302.500 euros. El presupuesto municipal de este año recoge una partida de 121.000 euros procedentes de fondos europeos. La ejecución se prolongará hasta 2027, cuando previsiblemente se consignará el resto de la inversión para completar la transición.

La tarjeta ciudadana del Concello tiene todavía pendientes otros usos que fueron anunciados, pero todavía no se pusieron en marcha. Entre ellos el préstamo de libros en bibliotecas. También se planteó que se podría utilizar para tener prioridad en las entradas para los conciertos de Castrelos, pero el Concello lo descartó por recomendación de sus servicios jurídicos. A su vez, se planteó que la tarjeta ciudadana permitirá pagar entradas de VigoNature, el antiguo zoo. Otro de los usos por implantar está el de utilizar la tarjeta como medio de identificación para acceder a los servicios de la Carpeta Ciudadana como el registro electrónico, trámites online, notificaciones electrónicas, consulta de solicitudes, padrón de habitantes, recibos o multas.

El 85% de los viajes del bus urbano se pagan con la tarjeta municipal

La tarjeta municipal PassVigo continúa siendo el principal medio de pago en el autobús urbano de Vigo. En 2025 concentró el 85 % de los viajes registrados por Vitrasa: 16.482.429 trayectos de un total anual de 19.325.573.

La mayor parte correspondió al billete ordinario abonado con la tarjeta, con más de 10,8 millones de desplazamientos. A ellos se sumaron 2,5 millones de viajes con la modalidad de pensionistas II y 1,1 millones con la de pensionistas I. También superaron el millón los billetes para estudiantes y rozaron esa cifra los específicos para universitarios. Además, algo más de 30.000 usuarios utilizaron el billete social mediante la tarjeta municipal.

El pago en efectivo quedó por debajo del 15 % del total anual. Durante el año se contabilizaron algo más de 2,8 millones de billetes abonados al contado sin emplear la PassVigo.

Con los más de 19,3 millones de viajes registrados, el transporte urbano se aproxima a los niveles previos a la pandemia. En 2019 el servicio alcanzó 20,6 millones de desplazamientos, 1,3 millones más que en 2025. La serie anual refleja el impacto de las restricciones sanitarias: 11,7 millones en 2020, 13,2 en 2021, 15,2 en 2022, 15,7 en 2023 y 16,7 en 2024.

La caída de usuarios durante ese periodo obligó al Concello a compensar a la concesionaria mediante reequilibrios financieros ante el descenso de ingresos del servicio.

Desde su puesta en marcha en 2018, el Concello emitió cerca de 300.000 tarjetas PassVigo, unas 200.000 con las bonificaciones normales, y otras 100.000 para pensionistas o estudiantes, con mayores descuentos. Además, se emitieron más de 21.000 tarjetas para no empadronados, denominadas como tarjetas “verdes”.

La adjudicataria del bus asumirá 26,6 millones por amortizar

La empresa que resulte adjudicataria del nuevo contrato del autobús urbano deberá asumir un máximo de 26,6 millones de euros correspondientes a la amortización pendiente de la actual flota de vehículos.

Así se lo trasladó el Ayuntamiento a las compañías que participan en la licitación después de que estas formularan consultas al Concello sobre cómo debían calcular este aspecto en sus ofertas económicas.

Según la aclaración municipal, el resto de medios materiales del servicio (cocheras, talleres, sistemas y demás equipamientos) se pondrán a disposición de la futura concesionaria sin coste. La única excepción son los autobuses actualmente en funcionamiento.

El importe fijado, 26.614.351,33 euros a 1 de enero de 2026, no supone un pago directo ni la compra de los vehículos, sino la parte de su coste que todavía no ha sido recuperada dentro del contrato del servicio. El Ayuntamiento indica que la cifra real dependerá de variables como la demanda, por lo que no puede determinarse exactamente antes del inicio efectivo de la nueva concesión.

No obstante, para garantizar la igualdad entre licitadores, todas las empresas deberán utilizar esa cantidad máxima al preparar sus propuestas económicas. Posteriormente, cuando comience el contrato, el valor se ajustará al importe real pendiente de amortizar.

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