Vigueses distinguidos 2026
El IES Alexandre Boveda y el IES Álvaro Cunqueiro, Vigueses Distinguidos
El juzgado de Primera Instancia que ordenó el desahucio de una mujer y su hijo de tres años de una vivienda en San Miguel de Oia revisará de nuevo la denuncia, después de que ayer fuera paralizado el desalojo.
La inmobiliaria del banco que se hizo con el inmueble por una ejecución hipotecaria al propietario demandó a la inquilina, que en 2020 había suscrito un contrato de alquiler.
Tras un primer intento fallido por la entidad bancaria, fue la inmobiliaria la que inició un nuevo procedimiento ante el impago de dicho alquiler, que la moradora dejó de pagar cuando el dueño se quedó sin la casa. A pesar de intentar llegar a un acuerdo para hacer frente a los pagos de la renta, el lanzamiento seguía adelante.
A primera hora de la mañana de ayer, la comisión judicial y abogados de las partes, junto con el cerrajero se personaron en la vivienda. Sin embargo, se comprobó que la notificación no estaba completa, mientras se pidió el amparo al Real Decreto de vulnerabilidad para impedir que esta joven, en situación de desempleo y con un niño a su cargo, se quedara en la calle. Fuentes judiciales aseguraron que en un primer momento el banco desconocía que el inmueble tuviera inquilinos. En un intento anterior, se identificó además a los hijos del antiguo propietario como moradores del inmueble al encontrarse allí en ese momento, sin embargo, el abogado de la mujer negó que esta casa fuera residencia sino que acudían de vez en cuando por la amistad con la inquilina.
La situación queda de momento en paréntesis, tiempo durante el cual se tratará de llegar de nuevo a un acuerdo con la entidad propietaria con el objetivo de que esta familia monoparental pueda seguir residiendo en la casa en la que lleva desde hace tres años negociando el pago de una renta a la que pueda hacer frente la madre, de 30 años y ahora mismo en situación de desempleo.
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