Récord en Vigo y provincia de multas por la ‘ley mordaza’, por seis millones

La controvertida Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como “ley mordaza” y que el Gobierno proyecta reformar, derivó el año pasado en récord de sanciones en Vigo y provincia, superando en más de un millón de euros a lo recaudado en 2019.

La pandemia fue la causa de ese incremento desmesurado de infracciones graves, ya que, según consta en la última estadística publicada por el Ministerio de Interior, se multiplicaron por veinte las relacionadas con desobediencia a la autoridad o agentes, pasando de las 333 a las más de 7.200 y centrándose la gran mayoría entre los meses de marzo y abril, coincidiendo con el confinamiento y las máximas restricciones por el covid y también el con el mayor control policial al respecto.

En total, a lo largo del año pasado, esas multas supusieron más de seis millones de euros en toda la provincia, cerca de tres procedentes de sanciones impuestas en la ciudad, y casi el 80% tuvieron que ver con las infracciones recogidas en el artículo 36.6 de la normativa, que hacen alusión no solo a la desobediencia sino también a la negativa a la identificación o a la aportación de datos inexactos o falsos.

La segunda infracción grave más frecuente fue el consumo de sustancias tóxicas en la vía pública, que a pesar de superar las 2.000 fueron la mitad que en el año antes del covid. Portar o exhibir armas prohibidas y causar desórdenes en la vía pública llevaron a sancionar a casi 500 personas, mientras que otras catorce tuvieron que ver con los actos de obstrucción y resistencia a la autoridad.

La polémica sigue persiguiendo a esta ley. Aprobada por el PP en 2015, el Gobierno quiere ahora introducir una serie de modificaciones que tanto asociaciones como sindicatos de Policía y Guardia Civil creen que merman su capacidad de actuación y les deja “indefensos”.

Entre los cambios figura que los arrestos de indocumentados para su identificación en Comisaría no excedan las dos horas (ahora el máximo es de 6) o que deje de ser sancionable la toma de imágenes en operaciones policiales y su difusión, salvo que afecten al derecho a la intimidad o a la seguridad de los agentes o sus familias.

El rechazo de las fuerzas y cuerpos de Seguridad es unánime precisamente en un momento, aseguran en el que han aumentado las agresiones a agentes. Los principales sindicatos de Vigo confirmaron que acudirán a la primera de las movilizaciones previstas la próxima semana ante la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra.