Oscar Vladimir Vallejo, fiscal jefe de Vigo: “Las drogas están detrás de un grandísimo número de delitos"

Al frente de la Fiscalía de Área de Vigo desde abril del año pasado, Oscar Vladimir Vallejo califica de enriquecedora esta primera etapa en la jefatura, que le ha permitido conocer más a fondo el trabajo de sus compañeros. En una clara apuesta por la especialización de los fiscales y la protección de víctimas así como en la necesidad de dotar de medios a las nuevas secciones de violencia, señala que son los delitos contra la vida y la libertad sexual los que más les preocupan, pero también el tráfico de drogas cuya lucha debe ser, dice, “una prioridad”, porque es una de las principales causas de comisión de delito.

¿Qué balance hace de su primer año y medio como fiscal jefe?

En el plano personal, para mí está siendo muy enriquecedor, porque me ha permitido tener un conocimiento más profundo de la institución fiscal, que a lo mejor como fiscal de a pie se nos perdían los entresijos de la propia institución. También del funcionamiento de la Administración de Justicia. Y, por supuesto, conocer más a fondo el trabajo y las necesidades específicas de mis propios compañeros. Son lo mismo unos cupos de trabajo que otros, y a veces tenemos que ser conscientes de las necesidades y apuros que puede tener cada compañero. Ya en el plano profesional, mi jefatura es claramente continuista. Estamos incidiendo en la especialización. Están a punto de salir dos nuevos nombramientos de fiscal delegado de Derechos contra la Administración Pública y fiscal delegada de la Jurisdicción Social que recaerán en esta Fiscalía.

Y ¿en qué situación está ahora la Fiscalía de Área en cuanto a medios materiales y personales?

Estamos muy satisfechos con nuestras instalaciones. Pero no solo para los fiscales, también para los funcionarios. Además, incluso geográficamente, hemos podido diferenciar la sección civil, la sección penal y tener también delimitadas la sección de protección de menores y la sección de protección de discapaces. Y eso es muy importante por la dignidad del ejercicio de nuestra función y del trato adecuado a los ciudadanos. Está prevista la implantación, prácticamente ya, de un nuevo sistema operativo informático, Atenea. Espero que resuelva todos los problemas derivados del desarrollo legislativo y del desarrollo de las funciones que se atribuyen ahora al Ministerio Fiscal. Y en cuanto a medios personales, el incremento de la criminalidad, con delitos cada vez más complejos, y también el hecho de que cada vez más ciudadanos acuden a la Fiscalía a presentar denuncias y tenemos que tramitarlas, hacer nuestra propia investigación previa, hacen que necesitemos un incremento de nuestra plantilla. En el año 2025 ya se creó una nueva plaza de fiscal. Sin embargo, eso no supuso un avance material porque ya teníamos reconocida una plaza de refuerzo. Así que solo se consolidó. Para 2026 esperamos que, una vez que se resuelva la incógnita acerca de qué ocurrirá con el magistrado de Instrucción 8, si realmente permanece en Vigo lo que parece que ocurrirá, necesitaremos también un nuevo fiscal. Solicitaré o bien una plaza de refuerzo si la cosa se queda así o si realmente el Gobierno crea la plaza número 8 de manera consolidada, entonces pediré una ampliación de plantilla. El verdadero problema lo tenemos con la dotación funcionarios. La norma general es que haya tantos funcionarios como fiscales. Nosotros tenemos 29 fiscales y tan solo 25 funcionarios. Esto es una anomalía que no se da en ninguna de las grandes fiscalías de Galicia y creo que solo lo sufre junto a nosotros la Ferrol. Necesitamos que haya cuatro funcionarios más, tramitadores. Aunque soy consciente de que las limitaciones presupuestarias y la necesidad de llegar a todas partes pueden hacer que lo nuestro no sea la primera prioridad. Pero sí creo que es algo que en este caso la Xunta de Galicia debe tener en cuenta y no olvidarnos.

De lleno en la transformación judicial ¿cómo afectan los cambios de la nueva ley a la Fiscalía?

La experiencia que tenemos actual es la de los partidos judiciales más pequeños, los de nuestro contorno territorial, que ya desde julio son tribunales de Instancia. Como se mantienen las plazas llevando los mismos números y con los mismos asuntos que antes, para el reparto de nuestro trabajo no supone ningún cambio. Lo más importante es la asunción de competencias por parte del juzgado de Violencia sobre la Mujer. En los partidos judiciales limítrofes, Redondela tiene dos plazas, Tui, Ponteareas y Porriño, tres, y una de ellas opera como juzgado de violencia sobre la mujer, pero no de manera exclusiva. Una vez que ese juzgado asume todos los supuestos de trata de seres humanos, de agresiones sexuales sobre mujeres, el fiscal que tenía asignado ese cupo de trabajo ve cómo su trabajo se incrementa. En el momento en que estos partidos judiciales resuelvan el problema interno de hacer un nuevo reparto entre las tres plazas para que el cupo de trabajo sea equitativo, volveremos a estar bien situados. Mientras no lo hagan, nosotros tenemos que adaptarnos y adoptar ya medidas que hagan que los cupos de trabajo entre los compañeros no sean desiguales por este motivo.

¿Qué tipo de delitos preocupan más en Vigo?

Podemos distinguir aquellos delitos que nos preocupan por su gravedad de aquellos que nos preocupan por su reiteración o frecuencia. Por su gravedad, evidentemente, estamos preocupados por los delitos contra la vida, la integridad física y los delitos de agresiones sexuales, en general contra la libertad sexual. Por eso es tan importante que dotemos de todos los medios posibles a estas secciones de violencia sobre la mujer y a la sección fiscal de violencia sobre la mujer y también que protejamos adecuadamente a las víctimas. Actualmente, desde la Fiscalía, se hacen expedientes de seguimiento de víctimas tanto por parte de la fiscal enlace de violencia sobre la mujer, la fiscal de protección de víctimas y la fiscal de protección de trata de personas y extranjería, cuyo propósito es garantizar su seguridad, su estabilidad anímica, que tengan acceso a todos los recursos que las administraciones públicas. Pero además de estos delitos, también nos preocupan otros como puede ser el tráfico de drogas, porque aunque no sea especialmente significativo, yo creo que primero destruye a la persona que consume estas sustancias, luego a su familia y por último es una de las principales causas de comisión de delitos y, por lo tanto, genera una gran desprotección y inseguridad ciudadana. Por lo tanto, la lucha contra el tráfico de drogas siempre tiene que ser una prioridad porque es el elemento esencial que está detrás de un grandísimo número de delitos.

Acabamos de asistir a una condena histórica del fiscal general del Estado ¿cree que se ha dañado la imagen de la Fiscalía?

Sí, la imagen de la Fiscalía se ha dañado porque ha sido un tema que ha estado en boca de la opinión pública de manera constante y además con bastante fricción de opiniones. La imputación y la posterior condena del fiscal general del Estado yo creo que no afecta a la reputación y a la imagen de objetividad e imparcialidad que tienen las distintas fiscalías repartidas por todo el territorio español y los fiscales que trabajamos en ella. Lo que creo es que el asunto se ha politizado. Y quizás cuando hablamos de grandes instituciones es cuando se está generando un conflicto. Pero no debemos olvidar que los hechos que se atribuyen al fiscal general del Estado en realidad se refieren a una actuación de poco nivel o de poca importancia. Es cómo exterioriza hacia la opinión pública la posición de la Fiscalía. Pero no afecta ni a la organización de la Fiscalía ni a la adopción de criterios técnicos jurídicos con relación a determinados tipos delictivos ni a decisiones concretas en una investigación judicial o una investigación preprocesal por parte del Ministerio Fiscal. Es decir, afecta a un aspecto absolutamente accesorio al que se le ha dado mucha importancia por ese debate quizás más político que estrictamente jurídico.

Usted fue fiscal del caso Déborah, ahora archivado ¿cómo asumió la reapertura de la causa?

En 2019, el juzgado decidió la reapertura por un atestado con algunos datos que podrían abrir una vía de investigación. Tomó declaraciones testificales se hicieron pruebas periciales, y el equipo de homicidios de la Policía hizo un trabajo de campo, pero la investigación no dio sus frutos y se vio abocada al sobreseimiento que es lo que defendió la Fiscalía al entender que no había indicios para dirigir la acusación contra una persona determinada. El paso de tiempo hizo que no tuviésemos las fuentes de prueba necesarias, que la memoria de los testigos o no fuese la misma o faltaran detalles. No tuvimos oportunidad de avanzar en esa investigación lamentablemente.