La nueva ley judicial paraliza las demandas de divorcio

La obligación de conciliación previa para romper la pareja antes de acudir al juez ha hecho que en lo que va de año no se haya presentado ningún pleito contencioso en Vigo

La nueva ley obliga a la negociación extrajudicial previa.
La nueva ley obliga a la negociación extrajudicial previa. | Atlántico

La puesta en marcha del nuevo modelo judicial ha tenido efectos inmediatos en algunos procedimientos, como los divorcios y separaciones contenciosas. Aunque en cuanto a rupturas matrimoniales, como en otros asuntos, la negociación previa ya se hacía, esta se ha convertido desde abril del año pasado en un paso obligatorio, sin el cual las demandas en las que no se haya alcanzado un acuerdo entre las partes no serán admitidas a trámite.

La estadística judicial de este primer tramo del año corrobora una paralización de asuntos relacionados con la disolución del matrimonio, hasta el punto que, desde enero, la sección civil del Tribunal de Instancia de Vigo no ha ingresado ninguna demanda de separación, divorcio o ruptura de pareja de hecho, tampoco en las de mutuo acuerdo, exentas de este requisito.

En las mismas fechas en 2025, cuando todavía no había entrado en vigor la nueva ley, en Vigo se registraron veinte demandas de separación y divorcio contencioso y otras once de parejas de hecho, mientras que las de mutuo acuerdo alcanzaron en total las 96.

Las cifras en este inicio de 2026 están a cero, de momento, puesto que el temor en la Cidade da Xustiza es que se haya producido un efecto espera o retraso mientras las parejas conocen los mecanismos de solución de controversia, los MASC. No obstante, el derecho colaborativo que promueve la resolución de conflictos ya existía aunque no lograba hacerse camino como método alternativo mayoritario.

La intención de la nueva ley es restar litigiosidad a las secciones civiles, las más castigadas en Vigo, e intentar un cambio de mentalidad en la resolución de conflictos con la negociación como primera opción frente al juez.

No obstante, la falta de consenso entre las parejas que deciden poner fin a su vida conyugal, sobre todo cuando hay hijos comunes, complica estas negociaciones, que ahora están fijadas por ley y conllevan plazos.

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