Morir en prisión: 18 internos de A Lama fallecieron en cuatro años

En mayo de 2024, un joven de 28 años era hallado muerto en su celda. Conocido como ‘Ramiranes’, había sido detenido dos años antes como presunto autor del secuestro y agresión sexual a su pareja en O Porriño. El cuerpo no presentaba signos de violencia y fuentes extraoficiales barabajan una ingesta masiva de fármacos. Él fue uno de los seis reclusos que fallecieron en la prisión de A Lama durante el año pasado. La cifra supone un incremento del 50% respecto al año precovid, cuando solo fallecieron tres personas. Desde entonces, la media ha ido creciendo, contabilizándose, un total de 18 muertes en el interior del centro penitenciario desde 2021, según los datos facilitados por Instituciones Penitenciarias. 

Detrás de esas muertes se encuentran patologías graves, muchas de ellas asociadas a años de consumo, a las propias adicciones y a los suicidios. La última estadística oficial del Ministerio de Interior de 2023, referente a 2022, cifra en España el número de muertes en 169, 158 hombres, 11 mujeres y una edad media que no llega a los 50 años. 

Desde la propia Secretaría General aseguran que las causas tardan en conocerse a la espera de los informes definitivos de las autopsias. El protocolo que se pone en marcha es similar a cualquier muerte judicial. Una vez se conoce el fallecimiento y se certifica, el juzgado de guardia es el encargado del levantamiento y su traslado al anatómico forense para la realización de la mencionada autopsia. Primero, explican, se hace un informe preliminar que deberá ratificarse con posterioridad, una vez estén los resultados de los análisis de las muestras. 

El porcentaje de fallecimientos atendiendo a las estadísticas generales situaría en un 40% las muertes naturales frente al 60% relacionadas con las drogas y los suicidios. La información concreta de A Lama aportado en un informe de Insistuciones Penitenciarias a través de una pregunta parlamentaria reflejaba que en diez años hasta 2017 habían fallecido 35 presos por causas no naturales, la mayoría, 24 por sobredosis y una decena por suicidio.

“Hay muertes que podrían haberse evitado con una atención adecuada”

Aunque el reglamento penitenciario establece el tercer grado por razones humanitarias en casos de enfermos muy graves con afecciones incurables, “su excarcelación no se produce hasta que su estado es muy crítico”, señala el abogado Guillermo Presa y miembro de Esculca (Observatório para a Defensa os Direitos e Liberdades). Como letrado varios de sus clientes han fallecido estando en prisión. “La situación en A Lama es muy preocupante, no hay médicos suficientes, con seis plazas vacantes y en el centro penitenciario hay personas con patologías muy graves que requieren de una atención directa”, explica. Su compañera en la asociación y también letrada Raquel Crespo considera que “hay muertes que podrían haberse evitado si hubiera una asistencia adecuada”. Explica que “se ha dejado de adminsitrar la medicación a diario y ahora se hace los viernes, con lo cual hay trapicheo de fármacos y eso es un peligro". 

Ambos coinciden en la necesidad de que la Xunta se haga cargo del traspaso de la Sanidad penitenciaria “que fue aprobada hace años”. 

Desde Esculca “a través del BNG con pregunta parlamentaria vamos a pedir información y explicación sobre las muertes y también de forma directa a la secretaría general de Instituciones Penitenciarias”, sostiene la letrada. 

Ambos critican también la sustitución de atención médica presencial por la de la vía telefónica, “que deja muchas veces en manos de los funcionarios las decisiones”. 

Cuando se produce un fallecimiento, “se puede reclamar a la Administración porque desde que una persona entra en prisión es el Estado el que debe velar por tu salud, dependes de él”, dice Presa quien reconoce “que no es fácil ganar esas demandas”, mientras que las familias, desde fuera “sufren mucho ante estas situaciones”.

Personal aboga por el traspaso de los servicios sanitarios 

El déficit de médicos para cubrir las necesidades del centro penitenciario de A Lama, donde conviven casi un millar de internos, fue puesto sobre la mesa el pasado mes de enero por funcionarios de la prisión. A través de los sindicatos Acaip-UGT y CSIF, se alertaba del riesgo por elevado porcentaje de población reclusa con enfermedades tanto físicas como mentales. En aquel momento, se llegó a denunciar públicamente el haber estado sin médico algún día completo.

La situación sigue sin mejorar “porque seguimos teniendo muchas vacantes libres, solo hay tres médicos y seis plazas sin cubrir además de la de subdirector médico”, explica José Alberto Fenández Álvarez, delegado sindical de Acaip-UGT. Aunque él asegura que “no tenemos datos para poder hacer una conexión entre el incremento en el número de muertes con esta circunstancia, lo cierto es que sí hay un problema de falta de médicos”. Así, señala que la única solución para cubrir vacantes sería la transferencia sanitaria penitenciaria a la Xunta.